El gas natural se ha convertido en el energético más importante para la generación eléctrica en México. Más del 60% de la energía que consumimos proviene de centrales que operan con gas natural, lo que hace de la red nacional de gasoductos una infraestructura de altísima prioridad para el país.

Sin embargo, desde hace varios meses -aproximadamente desde noviembre o diciembre del año pasado- se observa una interrupción generalizada de los trabajos de mantenimiento, supervisión y actualización de esta red. Ingenieros y contratistas del sector advierten que incluso no se ha ejercido el presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda, lo que ha provocado la suspensión de numerosos programas técnicos esenciales.

El mantenimiento de los gasoductos no es una cuestión administrativa: es una tarea de seguridad nacional. México cuenta con más de 11 mil kilómetros de ductos que transportan gas natural a plantas generadoras, industrias y centros urbanos. Su integridad depende de inspecciones periódicas, válvulas en buen estado y monitoreo constante. La falta de mantenimiento aumenta de forma exponencial el riesgo de fugas, incendios o explosiones.

No es necesario ir lejos para comprender lo que está en juego. Las tragedias de San Juan Ixhuatepec (1984) y Guadalajara (1992) recordaron al país las consecuencias de la negligencia técnica: cientos de muertos, miles de heridos y ciudades enteras devastadas. Esos desastres marcaron a una generación y demostraron que el costo de la omisión es siempre más alto que el de la prevención.

A esta situación se añade el crecimiento del huachicol o gasicol, el robo de combustibles que debilita la red y genera un riesgo adicional para las comunidades cercanas. Cada toma clandestina es una bomba latente y una evidencia de vulnerabilidad institucional.

La inacción presupuestal frente a esta realidad no sólo es preocupante: es inaceptable. Dejar de ejercer recursos destinados al mantenimiento de ductos es comprometer la seguridad energética y humana del país. La economía mexicana, fuertemente dependiente del gas natural, podría verse afectada por interrupciones en el suministro o accidentes que paralicen regiones enteras.

Urge que las autoridades competentes –Cenagas, Sener, Hacienda y la Comisión Federal de Electricidad– reactiven de inmediato los programas de mantenimiento y actualización. No se trata de gasto, sino de inversión en seguridad y estabilidad.

El gas natural seguirá siendo el pilar del sistema eléctrico mexicano durante los próximos años. Proteger su red de transporte es una obligación moral y técnica del Estado. Descuidarla sería, una vez más, repetir los errores que la historia ya nos cobró con sangre y fuego.