PATRICIA RAMÍREZ
Foto: Cuartoscuro
La gentrificación, la perspectiva comercial en la producción de vivienda, así como el crecimiento urbano desordenado, sin igualdad ni equilibrio, que no considera la opinión social y es, además, violento con el medio ambiente, son algunos de los graves problemas que, desde hace más de tres décadas, aqueja a la zona metropolitana del Valle de México.
José Antonio De los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) señaló que como resultado de una serie de foros se entregó al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México los resultados de la revisión del Programa General de Desarrollo y al Programa General de Ordenamiento Territorial.
Señaló que estos fenómenos en la Ciudad de México han propiciado distintas reflexiones, respecto de las acciones y los procesos de gestión desarrollados en las metrópolis, en distintos contextos culturales y económicos, con propuestas de abordaje académico y social, que pugnan por la construcción de un espacio más habitable, incluyente y sostenible.
“Tengo la seguridad de que estos resultados contribuirán a replantear los entornos con equidad, inclusión, sustentabilidad, respeto a la diversidad y perspectiva humana”, expresó.
Consideró que los ejercicios en los que la participación ciudadana y social es el camino para fortalecer los canales de diálogo entre los distintos sectores del país, y se llegaron a diversas conclusiones, entre ellas, cuatro problemas para la urbe y sus habitantes: la desigualdad, la especulación, la informalidad económica y la corrupción.
“Junto con esos asuntos se observó que la regulación de usos de suelo y la movilidad, así como la viabilidad física de la metrópoli deben ser temas centrales de la planeación; además, se advirtieron conflictos conceptuales en los que la Universidad puede hacer una aportación importante, como el sesgo que implica colocar la visión antes del diagnóstico, la necesidad de combinar planeación participativa con prospectiva, entre otras”, acotó.
También subrayó que se arribaron a diferentes propuestas, entre las cuales está el considerar el derecho al suelo como colectivo; redefinir la responsabilidad de actuación del Estado respecto de las modalidades impuestas al uso del suelo y cómo se debe regular; redimensionar la unidad territorial básica; construir y gestionar centralidades para detonar procesos; elaborar un plan de atención y prevención sobre el equipamiento público, e incorporar un diagnóstico del inconveniente que representa el número de vehículos individuales públicos y privados.
