La detención en Argentina de Fernando Farías Laguna, excontralmirante señalado por contrabando de combustibles, activó un proceso de gestiones del gobierno de México para su deportación o extradición, en coordinación con autoridades judiciales y diplomáticas, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.
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El detenido fue localizado mediante una ficha roja de Interpol, luego de salir de México tras el avance de la investigación, y fue identificado como parte de una red que operó en 2025 con esquemas de evasión fiscal en la importación de diésel.
“Se están haciendo todas las gestiones necesarias para ver si puede haber una deportación”, dijo la mandataria al explicar que el implicado ingresó a Argentina con un pasaporte falso, lo que abre la posibilidad de retorno inmediato por vía administrativa.
La mandataria indicó que, en caso de no concretarse la deportación, se activará un proceso de extradición, mientras la investigación continúa para desarticular por completo la red que operó en los primeros meses de 2025.
El caso se originó a partir de la detección de un buque en el puerto de Tampico que ingresó diésel con un permiso incorrecto, lo que permitió evadir impuestos y derivó en una investigación penal a nivel federal.
El gobierno federal implementó cuatro medidas inmediatas tras el hallazgo, entre ellas la prohibición de importaciones temporales de combustible, el refuerzo de vigilancia en aduanas y un sistema de trazabilidad encabezado por la Secretaría de Energía para controlar el ingreso de hidrocarburos.
“Si el combustible llega al país, es porque se va a consumir en el país”, dijo Sheinbaum al explicar el cambio normativo que eliminó la posibilidad de introducir hidrocarburos bajo esquemas temporales que facilitaban irregularidades.
La Fiscalía General de la República integró una carpeta de investigación que derivó en órdenes de aprehensión contra una red que incluía funcionarios, empresarios y personas dedicadas a la emisión de facturas falsas para comercializar el combustible ilegal.
El seguimiento del caso dependerá de la respuesta de las autoridades argentinas y de la coordinación entre la fiscalía y la Secretaría de Relaciones Exteriores para asegurar la comparecencia del implicado ante la justicia mexicana.
