AIDA RAMÍREZ
Foto:Daniel Augusto/Cuartoscuro.com
Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, explicó este miércoles, de qué tratan las propuestas de reformas en materia de pensiones y de salario mínimo, presentadas el pasado lunes por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Dijo que con estas iniciativas se trata de revertir los efectos de las reformas de 1997 y de 2007, ya que de un día para otro aumentaron los requisitos.
Recordó que en la Ley de 1973, los requisitos eran contar con 500 semanas de cotización, esto es, 10 años de trabajo ante el IMSS, y con la reforma se incrementó a mil 250 semanas, esto es, 24 años de cotización en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Asimismo, ejemplificó que quienes se jubilaron bajo estas nuevas reglas, están viendo bajos rendimientos de sus ahorros que pasaron a cuentas individuales, y ya se tienen ejemplos de quienes recién se empezaron a jubilar con estas nuevas reglas.
Dijo que los trabajadores que se jubilan con la Ley de 1973 se van con un 89% promedio de su salario, y con las nuevas reglas quienes cotizan en el IMSS con 27%, y los del ISSSTE impactados con las reformas de 2007, con 60 por ciento.
Recordó la reforma presentada por el primer mandatario de 2020, en donde se redujo de mil 250 a 750 semanas de cotización, con un incremento paulatino a 2030 para llegar a mil semanas de cotización.
Otro punto fue incrementar las aportaciones por parte de los empleadores, incrementándose a partir de 2023 hasta alcanzar 13% en 2030; así como poner límite a las Afores a las comisiones, que han generado 160 mil millones de pesos en favor de los trabajadores; así como establecer una pensión garantizada por parte del gobierno para quienes ganaban un salario mínimo.
Pero en la propuesta recién presentada, se señala que los trabajadores se puedan ir con el 100% de su último salario, lo que significa “un complemento solidario para quienes se pensionen con el salario promedio del IMSS, esto es, 16 mil 777 pesos”, por lo que esta cifra se complementará con un fondo.
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Y para ello el gobierno creará un Fondo para las Pensiones del Bienestar, y como fuentes de financiamiento para las pensiones, Alcalde Luján mencionó recursos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), la liquidación de Financiera Rural, la venta de terrenos de Fonatur, cobro de adeudos de entes públicos con por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), IMSS e ISSSTE con y recursos de la aplicación de los artículos 302 de la Ley del Seguro Social y 37 de la Ley del Infonavit.
Con todo ello, se obtendrían los 64 mil millones de pesos para el fondo; se deberá revisar cada ocho años y “no se comprometen recursos más allá de la capacidad de ingresos del país”.
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Y se prevén recursos complementarios como los de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, situación impugnada y confían en que se liberará el dinero; con la extinción de organismos autónomos; 25% de utilidades que generen las empresas paraestatales a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina, y la capitalización de los rendimientos generados por el propio fondo.
La secretaria de Gobernación señaló que esta reforma aplica a quienes tengan 65 años y que cumplan con los requisitos para tener una pensión, y que se pensionen una vez aprobada la reforma y creado el Fondo de Pensiones para el Bienestar; esto es, para quienes hayan sido afectados por las personas que empezaron a cotizar el 1 de julio de 1997, y del ISSSTE que tengan una cuenta individual.
