La Secretaría de Economía informó que durante la administración de Claudia Sheinbaum se cancelaron mil 126 concesiones que abarcaban 889 mil 502 hectáreas; 713 se ubicaban en áreas naturales protegidas, con casi 250 mil hectáreas restituidas.
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Marcelo Ebrard, titular de la dependencia, precisó que la superficie recuperada equivale casi a la extensión territorial del estado de Querétaro, tras detectar falta de exploración, omisión en el pago de derechos o fines especulativos.
Explicó que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó desde el inicio de la administración una revisión integral de los títulos mineros con el objetivo de revertir concesiones inactivas y proteger bienes nacionales.
Fernando Aboitiz, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, abundó que del total de concesiones canceladas, 713 se encontraban en áreas naturales protegidas y representaban cerca de 250 mil hectáreas que quedaron liberadas de cualquier posibilidad de explotación.
El funcionario detalló que la ley establece la cancelación cuando existe un retraso de dos años en el pago de derechos o cuando los concesionarios omiten la entrega de informes estadísticos y de obras que acrediten trabajos de exploración.
Las autoridades señalaron que muchas concesiones pertenecían a particulares que las mantenían ociosas con fines de especulación, en espera de que una mina cercana incrementara su valor, práctica que la actual política buscó contener.
Aboitiz indicó que casi 90 por ciento de las cancelaciones correspondieron a personas físicas y alrededor de 10 por ciento a empresas, aunque algunas compañías optaron por devolver títulos de manera voluntaria tras un diálogo con el gobierno.
Los datos oficiales ubicaron la mayor concentración de concesiones recuperadas en entidades del norte del país, donde se concentra la actividad minera nacional y donde se detectó mayor número de títulos sin actividad productiva.
En Coahuila se cancelaron 149 concesiones, en Chihuahua 134 y en Sonora 120, mientras que Zacatecas registró 119, Durango 101 y Jalisco 70, de acuerdo con el mapa presentado durante la conferencia.
La Secretaría de Economía afirmó que el programa continuará durante el año y que hacia finales se informará sobre nuevas cancelaciones derivadas de la revisión permanente del cumplimiento de obligaciones legales.
El gobierno federal mantiene procesos jurídicos abiertos en materia de litio, particularmente en Sonora y Zacatecas, donde empresas extranjeras promovieron recursos legales tras la reforma constitucional que declaró al litio como recurso estratégico de la nación.
El Estado defendió la aplicación de la reforma constitucional ante tribunales, mientras las empresas argumentaron que sus concesiones fueron otorgadas con anterioridad a dicha modificación legal, por lo que los procedimientos continúan en curso.
