El periodo extraordinario del Congreso casi llega a su fin. Sin contrapesos, se aprobará un paquete de reformas, parte de las 16 iniciativas discutidas estos días, que impactará la privacidad de todos los mexicanos.
En esta avalancha legislativa iniciada el 23 de junio y que termina este 2 de julio, se votan cientos de páginas sobre telecomunicaciones, seguridad pública, inteligencia, análisis financiero y concentración de datos.
El tema no es menor. Nunca antes se había logrado crear reglas que permitan un gran sistema de vigilancia y concentración de información tan amplio.
LEYES DE DOBLE FILO
El gobierno federal rechaza esta idea. Acusa, incluido a quien escribe esta columna, de “esparcir noticias falsas”. Ojalá fuera mentira, pero basta leer lo que se está aprobando para evidenciar la necedad de concentrar todas estas funciones y datos.
La Ley General de Población creará una nueva CURP biométrica con fotos y huellas dactilares. Será obligatoria para acceder a trámites y servicios públicos y privados. Todas tus actividades dejarán un rastro que podrá consultarse sin orden judicial.
La Ley de Telecomunicaciones obliga a registrar líneas telefónicas con datos del usuario final. Si no te registras, no puedes tener línea. Gracias a la Ley de Inteligencia y las reformas sobre la Guardia Nacional, esta información será accesible para la Secretaría de Seguridad, el Ejército, la Guardia Nacional, la fiscalía y otros entes.
La Ley de Inteligencia crea la Plataforma Nacional de Inteligencia, operada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que concentrará y analizará toda la información disponible para elaborar “productos de inteligencia”.
Con esta ley, se obliga a dependencias y empresas a integrarse a la Plataforma Nacional y permitir acceso a registros biométricos, fiscales, vehiculares, financieros, de salud y bancarios, sin necesidad de orden judicial ni investigación previa. Además, se faculta a la Guardia Nacional a almacenar y retener datos personales.
La reforma a la Ley en Materia de Desaparición Forzada establece la Plataforma Única de Identidad para monitorear el uso de la CURP biométrica. No se requiere autorización judicial para consultarla.
Mientras que la reforma a la Ley Antilavado permite a la Secretaría de Hacienda exigir, sin orden judicial, a todas las dependencias públicas información financiera, patrimonial y datos personales de los mexicanos.
TODO SE REGISTRA
Organizaciones como R3D advierten que estas leyes asocian identidad con actividad diaria, accesible a discreción del gobierno y sin controles. Revisar estos datos puede revelar rutinas: dónde vas, con quién te reúnes, qué haces. El acceso sin control no protege: expone y nos pone en riesgo.
¿Quién detendrá esto? Sin una oposición con votos suficientes para frenar la aprobación o impulsar acciones de inconstitucionalidad, lo único que podría obstaculizar este Estado espía es la propia incapacidad del gobierno de hacerlo funcionar.
Es una meta ambiciosa que podría entorpecer su implementación. Es demasiada información y muchos actores involucrados. Y se necesita destinar una fuerte cantidad de recursos públicos.
¿Un gobierno que sufre hackeos por no actualizar sus sistemas podrá recabar y gestionar estos datos? ¿Cómo obligar a 130 millones de mexicanos a entregar fotos y huellas? ¿Y los costos para las empresas de telecomunicaciones para recabar nuestra información? ¿Los pagará el usuario final?
Esos retos logísticos y económicos, más que los contrapesos políticos, podrían ser el verdadero freno.
EL DATO INCÓMODO
La deuda pública de México llegó a 17.6 billones de pesos en mayo de 2025, según Hacienda. Cada uno de nosotros debe 132 mil 563 pesos. En diciembre de 2018 era de 10.4 billones. En seis años creció casi 7.2 billones, un aumento del 68%. Es la cuenta completa que pagaremos todos.
