En terrenos de la ex-hacianda de Samalayuca en el Kilometro 29 de la carretera Panamericana, este es el aspecto de la filas que desde la primera hora de la manana realizaron aquellos propietarios de autos chocolates que acudieron a recibir el holograma, placas metalicas y tarjeton de sus carros, esto en los que representa la tercera y final etapa de nacionalizacion de este tipo de autos. Las autoridades calculan que por dia se atenderan a un promedio de tres mil propietarios por dia. FOTO: J. Guadalupe Perez/CUARTOSCURO.COM La presidenta Claudia Sheinbaum puso punto final a uno de los programas sociales más extendidos de los últimos años, al confirmar que el decreto de regularización de vehículos usados provenientes de Estados Unidos y Canadá dejó de estar vigente a partir del 1 de enero de 2026, luego de cumplir el objetivo para el que fue creado y comenzar a mostrar desviaciones que ya no justificaban su permanencia.
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El viernes, desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que la decisión respondió a un diagnóstico técnico y no a una ocurrencia política, luego de detectar el ingreso de unidades demasiado antiguas, mientras estados fronterizos como Tamaulipas resienten el impacto de un esquema que dejó millones de autos regularizados y cientos de millones de pesos en obra pública.
Un estudio elaborado de manera conjunta por la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía y el área de Comunicaciones y Transportes concluyó que el programa dejó de ordenar el parque vehicular y empezó a permitir el ingreso de unidades excesivamente antiguas, alejadas del espíritu original del decreto.
Ese decreto, firmado en 2022 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, nació como una promesa de campaña y como respuesta a una realidad extendida en estados fronterizos y del norte del país, donde miles de vehículos circulaban sin registro, sin trazabilidad y fuera del marco legal, con impactos directos en seguridad pública y recaudación.
Con base en información del Registro Público Vehicular, hasta el 25 de noviembre de 2025 se regularizaron dos millones 987 mil 839 automóviles, concentrados principalmente en Baja California, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y Jalisco.
El pasado 31 de diciembre, el Ejecutivo federal formalizó el cierre del esquema al reformar el transitorio primero del decreto publicado el 29 de diciembre de 2022, modificación que apareció en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación y confirmó que la vigencia concluyó el último día del año pasado.
A partir de 2026, las importaciones de vehículos usados deberán sujetarse de manera estricta al marco legal vigente, sin beneficios excepcionales, y cumplir con los requisitos técnicos, fiscales y de origen establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que implica mayores costos y procesos más complejos.
El cierre del decreto fue bien recibido por el sector automotriz formal. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores respaldó la decisión al señalar que la regularización masiva de vehículos usados afectó la competitividad del mercado legal y facilitó la circulación de unidades que no cumplían con normas de seguridad, emisiones contaminantes y control de origen.
La asociación estimó que casi tres millones de vehículos fueron incorporados al padrón bajo el esquema excepcional, con efectos directos en las ventas de autos nuevos, la recaudación fiscal y distorsiones en un mercado sujeto a reglas comerciales internacionales estrictas.
En contraste, organizaciones de propietarios señalaron que el cierre generó inquietud entre quienes iniciaron su trámite y no lograron concluirlo antes del 31 de diciembre. La Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar informó que los expedientes abiertos antes de esa fecha deberán concluirse bajo las mismas condiciones.
La organización subrayó que las personas que ya pagaron derechos a la Secretaría de Hacienda cuentan con un documento legal que obliga a la autoridad a dar continuidad al proceso, sin costos adicionales ni cambios en las reglas.
La presidenta Sheinbaum insistió en que el cierre del programa no significa un abandono del control vehicular, sino un ajuste para evitar distorsiones mayores, y adelantó que se presentará un informe detallado con los criterios técnicos de la cancelación.
Añadió que el Gobierno federal reforzará el Registro Público Vehicular para mejorar el control de las unidades en circulación y evitar que el parque automotor vuelva a caer en esquemas de informalidad que comprometan la seguridad y la legalidad en el país.
