El Congreso vuelve a encender las alarmas. Esta vez, bajo el disfraz de una buena causa: combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Pero detrás de esa máscara, se esconde un monstruo mayor: la vigilancia sin control.
LA TRAMPA
Ayer, comisiones del Senado aprobaron cambios a la llamada ley antilavado impulsados por el senador Javier Corral. A primera vista, parece una herramienta contra el crimen. Pero en sus letras pequeñas se esconde un riesgo mayor: la entrega de nuestros datos personales al gobierno.
Por 33 votos de Morena, PT y PVEM –y con la abstención del PAN, PRI y MC- se avaló que Hacienda pueda pedir a cualquier dependencia la información patrimonial y financiera de todos.
Por un lado establece el concepto de Personas Políticamente Expuestas. Estarán en la mira funcionarios de todos los niveles, órganos autónomos incluidos. Y con ellos, sus redes cercanas. Hacienda elaborará un listado y podrá acceder a información sin más requisito que una “solicitud”.
Aquí la pregunta es… ¿revisarán a todos los funcionarios o dependiendo de su color partidista?
La vigilancia se extiende también a los ciudadanos. Actividades como comprar un auto, donar a un orfanato o adquirir una obra de arte se consideran “actividades vulnerables”. Y quien las realice deberá ser monitoreado. El Estado se reserva el derecho de vigilar tus actividades… para prevenir.
Senadoras como Congreso avala reforma antilavado que permite a Hacienda acceder a datos financieros sin control judicial, generando alarmas sobre privacidad alertaron: se rompe el principio de presunción de inocencia. Se elimina el control judicial. Y se impone una carga desproporcionada a empresas y organizaciones sociales. Incluso las tiendas de autoservicio deberán vigilar a sus clientes.
Carolina Viggiano fue más lejos: esto no es una ley aislada. Es parte de un engranaje de cinco piezas. Junto con las reformas a la Ley General de Población, a las leyes de Seguridad e Inteligencia, la Ley de Telecomunicaciones y la Ley de la Guardia Nacional, se configura un verdadero aparato de control.
EJÉRCITO ESPÍA
Sobre la reforma a esta última ley, se pretende darle nuevas facultades a la Guardia Nacional y a la Sedena para hacer inteligencia sin control del Ministerio Público ni supervisión judicial. Pueden investigar, acceder a comunicaciones y vigilar movimientos financieros sin avisar a nadie. Es Ejército Espía, ahora con credencial de ley.
Y si alguien pensaba que esto no nos toca, basta recordar que en este paquete de leyes todo se conecta: CURP biométrica, registro de usuarios de telefonía, monitoreo en tiempo real. Una identidad única asociada a cada compra, llamada, viaje o consulta médica.
VIGILAR AL VIGILANTE
Las organizaciones como R3D, Artículo 19 y SocialTIC han levantado la voz. Denuncian un sistema de vigilancia masiva sin controles democráticos. Lo que se vende como defensa frente al crimen organizado es una amenaza a la privacidad de todos.
Porque este poder, en malas manos, puede usarse contra periodistas, activistas, opositores o simplemente ciudadanos que incomodan. Y en un país con instituciones vulnerables, pobre inversión en ciberseguridad y colusión documentada entre autoridades y criminales, entregar todos nuestros datos es entregar la cabeza al verdugo.
La seguridad no puede construirse al precio de la libertad. Si el gobierno empieza a vigilar a todos “por si acaso”, se abren las puertas al espionaje y la persecución.
EL DATO INCÓMODO
Trascendió que Sheinbaum propondrá a 10 nuevos cónsules, principalmente en Estados Unidos. De ellos, tres son priistas, dos son morenistas y uno es el excomandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio. Sólo cuatro son diplomáticos de carrera. ¿Pago de favores? En momentos de tensión diplomática se sigue premiando a perfiles políticos aliados mientras se relega el profesionalismo del servicio exterior.
