La empresa Gruma tiene 45 días, a partir del lunes pasado, para presentar argumentos que refuten la decisión preliminar que publicó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en el sentido de que debe vender cinco de sus plantas que se ubican en Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Guanajuato y otra más en Estado de México.

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Así lo explicó el jefe de la Agencia Investigadora (AI) de la Cofece, José Manuel Haro, quien precisó que no es una sanción a Gruma, sino “un ajuste en la estructura de los mercados para que se generen reducciones de precios a los consumidores”.

No obstante, precisó que de no cumplir con la consideración anterior, y en el caso de confirmar la determinación preliminar, entonces el organismo regulador sí podría aplicar una sanción que podría ser de hasta el 10% de los ingresos de la empresa.

Haro explicó que para llegar a esta conclusión, la AI llevó a cabo un estudio de mercado exhaustivo que inició en noviembre de 2022, “y a partir de ahí analizamos el comportamiento de estas empresas en el mercado, analizamos la estructura y concluimos que había una barrera estructural que se determinaba por la alta concentración en el mercado, derivado de la gran capacidad de producción y comercialización de harina que tiene Gruma en este mercado”.

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Precisó, en entrevista radiofónica, que el tamaño de Gruma respecto de sus competidores, puede ser nueve veces más grande que cualquier otro competidor, “es muy grande en algunas regiones del país. En promedio esta diferencia es de cuatro veces, lo que le permite a Gruma generar distorsiones en el mercado”.

Estas distorsiones, precisó, implican que puede elevar precios 10% mayores respecto al resto de los competidores, por lo que la propuesta preliminar que se hizo a la empresa, de desinvertir o vender cinco de sus plantas es porque dado que “hay una barrera estructural, es decir, el mercado se encuentra muy concentrado y la estructura no está permitiendo que entren nuevos competidores con un tamaño suficiente, que le genere presión competitiva al gran competidor que se tiene en este caso”.

El jefe de la Agencia Investigadora de la Cofece comentó que se espera con las desinversiones o ventas, que eventualmente el precio de la harina disminuya.

“Haciendo cálculos preliminares, lo que identificamos es que se podrían hacer ahorros hasta por mil 300 millones de pesos en la harina de maíz que utilizan los industriales de la masa y la tortilla de manera anual”, subrayó.

Indicó que en estos días, Gruma puede presentar los argumentos que considere necesarios, como análisis económicos, o que presente alguna evidencia que refute la decisión preliminar, aunque reconoció que durante el proceso de investigación, Gruma estuvo colaborando en todo momento, así como las 13 harineras que participan en este mercado.

Una vez pasado el plazo de 45 días, y que Gruma hubiera presentado los argumentos que considere adecuados, el pleno de la Cofece analizará lo recabado por la AI durante la investigación, los argumentos que presentó la empresa y al final, hacer una evaluación y dictaminación, y concluir que se debe hacer esta desinversión o proponer alguna otra medida que genere beneficios a los consumidores.

José Luis Haro recordó que la Cofece monitorea constantemente los mercados para detectar las prácticas monopólicas de los participantes en el sector económico del país, así como analizar las estructuras del mercado que podrían estar generando ineficiencias en perjuicio de los consumidores.