La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Grupo Salinas acudió al SAT para manifestar su intención de cubrir adeudos fiscales acumulados desde 2008, luego de que la Suprema Corte invalidó el amparo que frenaba el cobro y validó la última sentencia de tribunales colegiados.

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Durante su conferencia matutina, la presidenta informó que representantes del consorcio acudieron el jueves a las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria para expresar su disposición de pago, lo que permitió abrir un periodo de mesas técnicas para definir el alcance del cumplimiento conforme al marco legal vigente.

Sheinbaum explicó que esta apertura no implica negociación política, sino la aplicación de mecanismos previstos en la ley fiscal para quienes se presentan dentro del plazo establecido, con el objetivo de precisar montos, esquemas y eventuales disminuciones autorizadas, siempre bajo criterios de legalidad y sin discrecionalidad.

De acuerdo con la autoridad fiscal, el adeudo corresponde a ejercicios fiscales comprendidos entre 2008 y 2015 y asciende a alrededor de 51 mil millones de pesos, cifra que se ajustó tras las últimas resoluciones judiciales y que, conforme al Código Fiscal de la Federación, podría ser objeto de reducciones de hasta 39 por ciento si se cumplen los supuestos legales.

La presidenta subrayó que el plazo para definir el mecanismo de pago concluye esta semana y sostuvo que el proceso se mantendrá bajo principios de transparencia, con información pública tanto en caso de concretarse el pago como si se activa el procedimiento de cobro forzoso por incumplimiento.

En este contexto, recordó que la resolución de la Corte estableció con claridad la invalidez del amparo promovido por el consorcio y ratificó la obligación fiscal, lo que obligó al SAT a reactivar el procedimiento de cobro conforme a sus atribuciones constitucionales.

Sheinbaum señaló que el Ejecutivo federal cuenta con rutas jurídicas definidas ante cualquier escenario y aclaró que dichas medidas se darán a conocer únicamente si el contribuyente decide no cumplir con la obligación fiscal dentro del plazo legal.

El SAT estableció como fecha límite el viernes 23 de enero para que el contribuyente verificara su situación fiscal, condición necesaria para acceder a los beneficios que contempla la ley en casos de pago voluntario dentro del procedimiento administrativo correspondiente.

El grupo empresarial promovió una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por presunta persecución desde el Ejecutivo, argumento que el gobierno federal rechazó al sostener que el caso se limitó al cumplimiento de resoluciones judiciales firmes.

La presidenta indicó que el Ejecutivo federal informará públicamente el desenlace del proceso, ya sea mediante la confirmación del pago o, en su defecto, con la activación de los mecanismos de cobro que prevé la ley fiscal.

Finalmente, recordó que el artículo 31 constitucional obliga a todas las personas físicas y morales a contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, principio que rige el procedimiento actualmente en curso.