PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Cortesía Cuartoscuro

Los habitantes de Iztapalapa pagan tres veces el agua que consumen e incluso la que no les llega, pues además del recibo por el servicio intermitente que reciben, tienen que desembolsar cantidades importantes para el pago de pipas y también el agua embotellada.

Rocío Lombera, asesora del gabinete de esa alcaldía, explicó que aun cuando existe la tubería, la mayoría de los habitantes de la demarcación no cuenta con el líquido.

Por ello, gastan en el agua entubada, el transporte de los camiones cisternas que costeaban en gobiernos anteriores y el producto embotellado.

Durante el conversatorio internacional Alternativas para la gestión equitativa y sustentable del agua en las metrópolis, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), agregó que el modelo de gestión en la Ciudad de México resulta fallido debido a las decisiones equivocadas para dotar del recurso a una gran cantidad de personas y por problemas de infraestructura, así como en el drenaje y las propias edificaciones.

“La única salida que encontraron fue traer el agua de lejos para seguirla extrayendo, lo cual resulta cada vez más costoso y no resuelve el problema”, dijo, aunque también precisó que hay trabajos sustanciales de académicos de la UAM, como los doctores Pedro Moctezuma Barragán y Óscar Monroy Hermosillo, para utilizar el agua del Lago de Xico.

“En la alcaldía ya no basta con pozos que estaban a 30 o 40 kilómetros y aportaban 27 litros por segundo frente a lo que puede extraerse de otros más pequeños –35 litros por segundo–, pues no vale la pena una gran inversión, lo que hace falta son estudios serios que lleven a decisiones reales y no a ahondar en situaciones como el Túnel Emisor Oriente que costó un dineral, aun cuando se tenía la propuesta del Lago Xico”, sentenció.

La funcionaria recordó que si bien tenemos esta iniciativa desde hace más de diez años y no se ha implementado por decisiones políticas, con la actual administración local se logró un acuerdo para distribuir el líquido, aunque también se apela a la cultura de la gente para que lo cuide, así como evitar que ocurra algo como en Nuevo León, donde una empresa privatizó el agua y ahora la dota de manera gratuita a la población, como si se tratara de una acción altruista.

Durante este foro, otros participantes coincidieron en que la distribución inequitativa del agua en las ciudades y sus periferias responde a decisiones institucionales equivocadas, concesiones a grandes empresas y a la sobreexplotación que amenaza los ecosistemas.

Elena Burns, subdirectora general de Administración de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), subrayó la necesidad de cuidar los ciclos naturales para enfrentar el deterioro que viene generándose desde hace dos siglos y en el ánimo de un cambio de paradigma en la gestión hídrica, se encontró, por ejemplo, que las comunidades de Tula viven un infierno ambiental por la toxicidad de la Presa Endhó.

“No podemos seguir con esta política de extracción-desecho”, sino enfrentar la contaminación con inteligencia, sabiduría y compromiso del pueblo, que vive lo que está pasando y que no puede confiar en la autoridad”, enfatizó.

Añadió que las comunidades en territorio mexicano están cada vez más organizadas y no van a permitir que se lleven el agua. “Estamos en un proceso de transición en el que se ve el fin de las mega obras hidráulicas que no solucionan todos los problemas”, como el Túnel Emisor Oriente (TEO), cuya construcción costó 50 mil millones de pesos.

Agregó que los límites de este modelo mercantilista, que sin una planeación, distribuyó los recursos de la nación y negó el derecho humano al líquido vital de los pueblos indígenas, es una de las razones por las que se está buscando lograr un decreto presidencial para que vuelvan a creer en la autoridad después de mucho tiempo de privatización.

Adelantó que de manera conjunta con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Conagua está ensayando no sólo aplicar medidas administrativas a las empresas que se quedaron con grandes cuerpos del recurso, sino denunciar a los contaminadores por delitos ambientales y en contra de la salud, ante la Fiscalía General de la República.