Durante una sesión marcada por el debate en torno a la reforma del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el Senado de la República aprobó con 76 votos a favor, 36 en contra y cero abstenciones el Paquete Económico 2026, que fue turnado al Ejecutivo federal. Mientras la mayoría oficialista defendió el dictamen como una medida de disciplina hacendaria, justicia fiscal y salud pública, la oposición lo calificó de paternalista y controlador, acusando que “castiga al emprendedor y vive del endeudamiento”.

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El punto central de la discusión fue la actualización del IEPS, en la que se avaló aplicar nuevos gravámenes a productos con alto contenido calórico, bebidas azucaradas, cigarros, tabaco y videojuegos violentos.

El nuevo esquema ajusta las cuotas específicas conforme a la inflación acumulada desde 2020: las bebidas saborizadas con edulcorantes pasarán de pagar 1.5086 a 1.59 pesos por litro; los cigarros, de 0.5911 a 0.63 pesos por unidad; y el tabaco para pipa o puros, de 0.38 a 0.40 pesos por gramo.

Además, por primera vez se impone un impuesto del 10 por ciento sobre el precio de venta de videojuegos violentos, con el argumento de prevenir su consumo entre menores y fomentar hábitos saludables.

De acuerdo con el dictamen, el objetivo de estas medidas es desincentivar el consumo de productos dañinos para la salud, reducir los costos hospitalarios derivados de enfermedades crónicas y fortalecer la recaudación para programas de prevención.

Se estima que los ajustes al IEPS generarán ingresos adicionales por unos 42 mil millones de pesos, que se destinarán al sector salud y a políticas de prevención de enfermedades como la obesidad y la diabetes.

En los argumentos, el senador Raúl Morón Orozco, de Morena, aseguró que “el verdadero propósito del IEPS no es recaudatorio, sino preventivo” y explicó que el consumo de productos como el tabaco, las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados provoca más de 100 mil muertes al año y representa un gasto público superior a los 300 mil millones de pesos.

“El costo por no establecer este tipo de medidas sería mucho mayor que la recaudación adicional que se espera obtener”, sostuvo.

Desde el Partido del Trabajo, la senadora Ana Hernández Aceves respaldó la medida al afirmar que “representa un paso histórico en la construcción de un sistema hacendario justo, moderno y con sentido de responsabilidad social”.

Señaló que el fortalecimiento del Servicio de Administración Tributaria cerrará el paso a la evasión y la corrupción fiscal mediante un modelo de fiscalización digital más estricto.

El oficialismo, a través de la bancada de Morena, defendió que la reforma al IEPS, junto con las modificaciones al Código Fiscal y a la Ley Federal de Derechos, consolida una política hacendaria responsable, progresiva y socialmente justa. Aseguró que no se crean nuevos impuestos generales ni se incrementa la carga sobre los sectores de menores ingresos, sino que se busca equilibrar la recaudación con una política de salud pública que beneficie al conjunto de la población.

En contraste, el senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del PAN, afirmó que “el presupuesto refleja un Estado paternalista y controlador, que desconfía del ciudadano, castiga al emprendedor y vive del endeudamiento“. Su compañera de bancada María de Jesús Díaz Marmolejo advirtió que las reformas “dan al SAT un poder desmedido” para acceder a la información contable, cancelar sellos digitales, bloquear cuentas o negar registros fiscales bajo simple sospecha.

El también panista Raymundo Bolaños Azocar señaló que “el paquete se cimienta sobre estimaciones optimistas distantes de la realidad económica del país” y agregó que “cuando el morenato llegó al gobierno en 2018 la deuda total era de 10.5 billones de pesos; este año estará en los 20.26 billones“.

Por Movimiento Ciudadano, el senador Néstor Camarillo Medina consideró que las reformas “contienen elementos que representan un retroceso” y criticó que “ahora se cobre por lo que las personas beben o por la forma en que se entretienen”.

Dijo que el gobierno “utiliza los programas sociales como pretexto para justificar incrementos de impuestos” y calificó el nuevo IEPS como “un parche recaudatorio disfrazado de preocupación por la salud”.

Pese a las críticas, el dictamen fue aprobado por mayoría con el respaldo de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. El bloque oficialista insistió en que la medida permitirá sostener los programas sociales, la infraestructura pública y los proyectos estratégicos del país sin comprometer la estabilidad económica.

El debate mostró dos visiones enfrentadas: el oficialismo defendió el paquete como una política de justicia fiscal, equilibrio económico y salud social; la oposición lo vio como una carga para los contribuyentes y un reflejo del control económico del gobierno.