AIDA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

El presidente del CCE, Francisco Cervantes y varios de sus integrantes, se reunieron este martes con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, “para ver el buen funcionamiento, el cómo apoyamos en esta contención para el tema de la inflación”, y ver que los precios de los 24 productos se mantengan para beneficio de las familias más vulnerables.

Lo anterior, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el PACIC 2, el pasado lunes; aunque Cervantes adelantó que podría establecerse un plan piloto para poner otros productos más en este paquete.

Indicó que se está dialogando para ver la forma de facilitar algunas normas o regulaciones que permitan facilitar el ingreso de estos nuevos productos para la segunda fase que concluye en febrero de 2023.

“Ahorita, parte de lo que platicamos es lo de seguridad carretera, que también se va a ampliar esta parte. Y son detallitos para que esto pueda funcionar, tenga mejores resultados en esta contención que el gobierno está haciendo y desde la iniciativa privada también, cómo podemos apoyar”, pues se estudia la posibilidad de quitar, reducir o eficientar en gastos administrativos, transporte o similares, “para que no sean ocurrencias”, y ayudar así al mejor funcionamiento del PACIC.

El dirigente de la cúpula empresarial consideró difícil reducir de manera rápida la inflación, pero considera que con la participación de la iniciativa privada “se podría tener una contención”.

Apenas la víspera, después del anuncio presidencial, el CCE cuestionó el hecho de que “la apertura a la importación sin controles sanitarios ni regulatorios –establecidos ayer por el gobierno federal-, podría abrir la puerta a riesgos innecesarios a los productos alimenticios en México”.

Durante la reunión de ayer, en la que también estuvieron el líder de los industriales, José Abugaber; del Consejo  Nacional Agropecuario (CNA), Juan Cortina Gallardo y Vicente Yáñez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), se señaló que se estudiará hasta cuánto se pueden disminuir los gastos administrativos, “que no generen riesgos para la seguridad alimentaria, la inocuidad o las actividades comerciales entre México y sus principales socios como lo es Estados Unidos”-.

En sus redes sociales, el CCE señaló que en el sector privado “buscamos sumar propuestas para contener la inflación y mantener el precio de los 24 productos de la canasta básica en beneficio de las familias más vulnerables, sin descuidar al sector agroalimentario y la salud de las y los consumidores”.

De su parte, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), consideró positivo que la política económica del gobierno de la República no esté recurriendo al incremento de deuda pública por encima de la inflación, lo cual es una buena medida para contenerla.

Destacó que las autoridades federales sentaron en la misma mesa a la Cofepris, Senasica y a la Agencia Nacional de Aduanas “para que las empresas puedan estar exentas de trámites y permisos, quitando costos que afectan la competitividad”.

Durante la reunión de este martes, entre el CCE y el secretario de Hacienda, la Concamin dijo que el funcionario explicó en qué consiste “el plan piloto en el que participan 15 empresas”.

En este sentido, el líder de los industriales, José Abugaber señaló que pugna para que una vez que concluya y se ponderen los beneficios de dicho plan piloto, el Acuerdo pueda abrirse para que participen todos los sectores.

Mientras que, sobre la restricción de la exportación de maíz, frijol, y otros productos, pidió se cuide que no haya afectación a las empresas nacionales con compromisos con el exterior.

Sin embargo, “sabemos que derivado de la reducción de la producción de ciertos cultivos en Estados Unidos y Ucrania, esta práctica la están comenzando a realizar otras naciones, como China, que recién limitó sus exportaciones de almidón de maíz”.

La Concamin solicitó a las autoridades federales que en esta prueba piloto, se salvaguarden todos los aspectos relacionados a la salud, por lo que “serán las propias empresas las encargadas de llevar a cabo la verificación, pero el gobierno tiene la responsabilidad de verificar que así sea”.