La Cámara de Diputados aprobó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A la par, inició el debate sobre la nueva Ley de Inteligencia. Ambas forman parte del paquete de seguridad impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero el verdadero protagonista no está en Palacio Nacional. Está en la Secretaría de Seguridad: Omar García Harfuch.
CABILDEO POLICIAL
El martes 24 de junio, por la noche, se distribuyó una adenda de cientos de páginas que reescribió buena parte de las iniciativas de Sheinbaum. A pesar de ello, el oficialismo, el PAN y Movimiento Ciudadano terminaron respaldando el primer proyecto: la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“Hoy, nuestro voto será a favor de este dictamen para que no haya pretexto, para que el día de mañana no digan que la oposición obstaculiza las propuestas en materia de seguridad”, declaró Azael Hernández, del PAN. Desde MC, Juan Ignacio Zavala aseguró que “la nueva versión contenía avances de su propia agenda”.
¿Convicción genuina? ¿Negociación estratégica? Hay quien asegura que Harfuch cabildeó directamente con gobernadores opositores. Lo cierto es que los votos aparecieron. Y con ellos, una señal clara: Harfuch no es sólo un policía con cargo. También es un operador con proyecto.
PODER
La nueva Ley de Seguridad Pública no es una ley más. Reestructura el sistema desde adentro. Si bien se eliminó la propuesta más polémica -una base de datos de usuarios de telefonía móvil-, se mantuvieron y añadieron propuestas clave que consolidan el poder de la Secretaría de Seguridad.
Se crea un Gabinete Federal de Seguridad Pública, presidido por la Presidenta, pero con fuerte peso en la SSPC. Se agregan cuatro conferencias nacionales, mesas de paz y nuevas figuras de coordinación entre niveles de gobierno.
También desaparece la disposición que señalaba a las instituciones de seguridad como “disciplinadas, profesionales y de carácter civil”. La Guardia Nacional, aunque sigue presente, ya no aparece como institución independiente: ahora es fuerza permanente bajo Sedena.
Es decir: mientras avanza la militarización, Harfuch fortalece su perfil como jefe civil del sistema. Una combinación peligrosa para quien quiera competir con él dentro del gabinete… y también por fuera.
PENDIENTES
El segundo frente sigue abierto: la Ley de Inteligencia aún se discute en la cámara. Pero el diseño ya está trazado. Si se aprueba como está, entregará facultades amplísimas al Centro Nacional de Inteligencia y a la SSPC para acceder a datos biométricos, médicos, financieros, educativos y de geolocalización sin orden judicial.
Tampoco contempla supervisión ciudadana, parlamentaria ni judicial. Y habilita la interconexión con gobiernos y empresas extranjeras.
Es un modelo que institucionaliza la vigilancia estructural. Sí, con muchos riesgos. Pero también con un mensaje entre líneas: si esta ley pasa, será Harfuch quien la ejecute.
2030, EN LA MIRA
Hay quienes siguen viendo a Harfuch como un policía técnico. Un perfil útil, pero ajeno a la política. Sin embargo, este avance en San Lázaro es importante. Negoció, cedió, convenció y sumó.
Y si el Senado no modifica la ley, será el civil más poderoso del gabinete. Con estructura nacional, acceso a datos, conexión con gobernadores y margen de maniobra internacional. Y todo esto, desde una secretaría que hace un año era una débil sombra en comparación con el sexenio de AMLO. Su nombre avanza hacia 2030.
EL DATO INCÓMODO
Mientras el Senado discutía reformas contra el lavado de dinero, el Tesoro de EEUU acusó a CIBanco, Intercam y Vector de lavar recursos del narco. Vector pertenece a Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de López Obrador. Y todo, en el contexto del caso García Luna y el Cártel de Sinaloa. Vaya historia.
