Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, es hoy uno de los hombres más buscados por la justicia mexicana e internacional. Sobre él pesa una alerta roja de Interpol que lo convierte en prófugo global, acusado de fundar y dirigir la organización criminal conocida como La Barredora, responsable de una escalada de violencia y muerte sin precedentes en el estado.

El dato más inquietante no es sólo la magnitud de los crímenes que se le atribuyen, sino la pregunta que asoma inevitable: ¿cómo un personaje con semejante historial llegó a ocupar el cargo más importante en materia de seguridad pública? La respuesta conduce directamente a un nombre: Adán Augusto López Hernández, entonces gobernador de Tabasco y hoy una de las figuras más visibles del proyecto político de Morena.

Bermúdez no apareció de la nada. Las sospechas sobre sus vínculos con redes criminales eran conocidas desde antes de su nombramiento. Y, sin embargo, López Hernández no sólo lo designó, sino que lo sostuvo en el cargo durante su administración. ¿Por qué? ¿Fue omisió, negligencia o complicidad? Preguntas que, por ahora, carecen de respuesta, pero cuya sola formulación exhibe un patrón inquietante en la forma de ejercer el poder: la tolerancia –cuando no la promoción– de funcionarios con expedientes oscuros.

La fuga de Bermúdez alimenta otra duda corrosiva: ¿quién lo alertó para que escapara el mismo día en que se giró la orden de aprehensión en su contra? Ese ‘aviso oportuno’ no se entiende sin la existencia de redes de protección y complicidad desde adentro. ¿Hasta qué nivel? ¿Hasta dónde llegará la investigación?

El caso ya no es un asunto local. La Barredora se convirtió en un actor violento que sembró terror en Tabasco, y cuya influencia, según informes federales, se extendió a estados vecinos con el mismo sello de sangre. La administración de Adán Augusto fue testigo –y en buena medida responsable– de esa expansión. Gobernar implica asumir la carga completa de las decisiones tomadas, y el nombramiento de Bermúdez fue una decisión personalísima del entonces mandatario.

¿Enfrentará consecuencias políticas y legales el actual senador morenista y líder de la fracción de Morena en el Senado, Adán Augusto López? ¿O el manto protector de Morena será suficiente para blindarlo? La respuesta marcará el verdadero alcance del combate a la impunidad en México. Porque si un secretario prófugo no tiene consecuencias para quien lo nombró y protegió, el mensaje es brutal: en la política mexicana, los responsables siguen siendo invisibles.