La conmoción inicial por el incendio en Wang Fuk Court de Hong Kong ha dado paso al luto por los 156 muertos, los homenajes a los héroes de la tragedia y la indignación por los fallos de prevención y supervisión que contribuyeron a la veloz propagación de las llamas.

El descontento popular ha llevado al Ejecutivo a garantizar que pagará hasta el último eslabón con responsabilidad en lo ocurrido, con dos frentes penales, el primero por presunta imprudencia y corrupción en las obras de rehabilitación, con directivos, ingenieros y subcontratistas detenidos.

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En paralelo y bajo el argumento de preservar la seguridad nacional, ha llevado al cabo al menos cinco detenciones de activistas y un estudiante que protestaron o llevaron a cabo iniciativas para pedir transparencia y responsabilidades por el incendio.

Entre la gratitud y la furia
Un rito funerario taoísta celebrado junto a los bloques calcinados ilustró el duelo colectivo que envuelve la ciudad.

Con el lamento de fondo de la suona, un maestro alzó un altar con ofrendas, rompió nueve tejas y quemó maquetas de papel para apaciguar a los espíritus mientras dolientes vestidos de blanco lloraban bajo capuchas puntiagudas.

A pocos metros, largas colas de personas depositaban crisantemos ante un mural de notas que reflejaba un sentimiento ambivalente: gratitud hacia los rescatistas y furia hacia una tragedia ocurrida por negligencias sobre las que se había alertado.

Las identificaciones completas de las víctimas tardarán tres o cuatro semanas y se espera que el saldo mortal siga aumentando.

La ciudad ha reservado un lugar especial para las trabajadoras migrantes, muchas filipinas e indonesias, que se negaron a abandonar a los ancianos y niños a su cargo y que han sido convertidas en heroínas por la comunidad.

El fuego —el más mortífero en décadas— comenzó el miércoles en un bloque en rehabilitación de un conjunto de los años 80 con ocho torres de 31 plantas y más de 4.600 residentes. En menos de cuatro horas saltó a otros seis edificios.

Permitido llorar, pero no protestar
La investigación preliminar señala como acelerantes las redes sintéticas ilegales en andamios y paneles inflamables en ventanas, que alimentaron un incendio que duró 43 horas, rompió cristales y coló humo tóxico, evidenciando sistemas obsoletos.

Vecinos aseguran que desde 2023 enviaron avisos sobre el riesgo de fuego y materiales sospechosos, e incluso un contratista pidió aclaraciones al Servicio de Incendios sin recibir respuesta.

La exigencia de explicaciones chocó con la respuesta represiva. El sábado, un estudiante universitario fue detenido por “incitación” tras una petición que reunió más de 10.000 firmas exigiendo ayuda inmediata, una comisión independiente, reformas y dimisiones.

Al día siguiente fueron arrestados el exconcejal Kenneth Cheung y una voluntaria que asistía a damnificados, mientras equipos vecinales fueron retirados del perímetro para evitar que la zona se convirtiera en un punto de protesta.

Para muchos residentes, el mensaje es claro: el luto está permitido, pero pedir responsabilidades, no.

En el frente de las obras, doce personas vinculadas a la contratista principal, consultoras de ingeniería y subcontratistas han sido arrestadas por presunto homicidio imprudente en una causa dirigida por la Policía y la Comisión Independiente contra la Corrupción.

La investigación sigue abierta y se esperan más detenciones, en tanto el Gobierno ha paralizado 30 proyectos similares y ha abierto expedientes a proveedores.

El Ejecutivo ha movilizado millones en ayudas y más de 1.400 viviendas transitorias acogen a los afectados, principalmente mayores y familias.

Cuenta atrás para las elecciones
El calendario añade tensión, ya que el próximo domingo se celebran las segundas elecciones al Consejo Legislativo bajo el sistema “solo patriotas”, que reduce escaños de elección directa y veta a candidatos “no leales” a Pekín.

Aunque inicialmente se barajó la suspensión por el incendio, el Gobierno anunció que la votación se mantiene en la fecha prevista.