Hace algunos días hubo una contradicción en las posiciones del Inegi y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad en torno al aumento de la percepción de inseguridad y la disminución de la incidencia delictiva, especialmente el homicidio.

Todos sabemos, desde hace décadas, de la existencia de un aumento de la violencia en México, lo que nos lleva a cuestionar si la incidencia delictiva tiene que ver con la violencia y si ésta es directamente proporcional al alza de los delitos y de los homicidios. 

La pregunta sería: 

¿Pueden bajar los homicidios y subir la violencia criminal organizada?

Si fuera cierto, tendríamos que hablar de la materialización violenta de todos los delitos menos el homicidio; todo el catálogo penal con violencia, pero sin llegar a la privación de la vida. Solo así podríamos decir que el homicidio ha bajado, pero no la violencia. 

Pero si además el gobierno señala que han disminuido todos los delitos, incluyendo el homicidio, entonces la fórmula es más compleja porque estaríamos hablando de dos escenarios: que la autoridad es muy eficiente en la prevención e investigación criminal o que la denuncia es nula, que las víctimas prefieren quedarse en silencio por ineficiencia, corrupción de las autoridades o miedo a la delincuencia. 

Si habláramos de eficiencia institucional sí o sí la percepción sería otra, pero, al contrario, ante la falta de denuncia, es ahí, estimados lectores, donde opina el Inegi y destapa la realidad: México no se siente seguro, y cada vez con más miedo. 

No podemos, entonces, divorciar cuatro conceptos en esta ecuación: incidencia, eficiencia, percepción y violencia. 

Lo correcto sería ser eficientes en las instituciones de seguridad, procuración y administración de justicia para equilibrar la incidencia delictiva, bajar la violencia y empezar a documentar un alza en la percepción de seguridad.  

Ahora bien, ¿cómo se mide la incidencia delictiva? Es un dato relevante puesto que desde ahí se inicia el conflicto estadístico. Se mide mediante el conteo de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público que integran carpetas de investigación. Antes que esto ocurra, hay muchos hechos que generan impunidad criminal. 

Veamos: se materializa un delito, en el lugar de intervención se apersonan autoridades policiales preventivas quienes, como primer respondiente, no siempre asesoran correctamente a la víctima para iniciar su denuncia, puesto que el hecho de que la víctima se presente y solicite se abra su carpeta de investigación afectará la “eficiencia policial”, cuantificada en el número de delitos “a la baja” por sector de policía.  

Es decir, que un jefe policial, a menores denuncias, tenga en su perímetro de responsabilidad, será calificado como altamente eficiente. Significa que a ningún policía le conviene que en su zona de patrullaje, cuadrante o sector se cometan delitos, sea que los que prevenga con patrullajes o con “negociaciones criminales o victimales”; en pocas palabras, evitar a toda costa la integración de una carpeta de investigación. 

De esta manera, la estadística se reporta a la baja, pero la percepción de inseguridad al alza, ya que no se puede negociar el miedo con la víctima, que dejará de presentar la denuncia por cualquier causa, pero el desencanto ante la corrupción e ineficiencia de gobierno, la impunidad en la pérdida de su integridad y patrimonio, y el miedo a que el delito vuelva aumentan al ser testigo que sucede lo mismo en su entorno social, laboral y familiar. 

El delincuente se empodera al saber que sus conductas son materialmente impunes bajo costos económicos considerados en sus delitos y el miedo que ha sembrado en la comunidad sobre la inutilidad de una denuncia. 

Bernardo Gómez del Campo. Asesor en seguridad integral

@BGomezdelCampo