La consejera electoral, Carla Humphrey aseguró que son ciudadanos los que harán los cómputos de las elecciones judiciales en los consejos distritales, pues no son funcionarios que trabajen para el Instituto Nacional Electoral (INE), sino ciudadanos que son llamados solamente cuando hay elecciones.

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Ante las críticas por la cancelación de los cómputos en las casillas este 1 de junio, indicó que sí son ciudadanos los que van a hacer los cómputos iniciando el mismo día de la elección, por lo que no es veraz la versión de que serán las autoridades electorales, sin los ciudadanos en este proceso.

Puntualizó que los consejeros distritales no son personal permanente del INE, sino solamente son llamados en los casos de elecciones y laboran por unos meses, pero siguen teniendo sus empleos y actividades cotidianas, a las cuales regresan al término de los procesos electorales, y así será también en esta ocasión.

En otro tema, la presidenta de la Comisión de Fiscalización advirtió que el tope de gastos de campaña de 220 mil 326 pesos que aprobó el Consejo General para las elecciones de jueces, ministros y magistrados.

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Dejó en claro que las condiciones de las campañas serán diferentes para cada uno de los cargos que estarán en disputa.

“Se hace inequitativo porque son distintas elecciones que se están jugando, porque hay elecciones nacionales, hay elecciones por circunscripción, por circuito y por distrito, y en elecciones con partidos políticos tenemos topes de gastos distintos. Es distinto el tope a la Presidencia de la República, al Senado de la República, a una diputación, y eso es lo que debió haber permeado. Si tú necesitas una votación en todo el país y que te conozcan en todo el país, las necesidades y requerimientos de campaña son distintos a alguien que va a competir solo en un distrito o en un circuito con solamente un distrito”, puntualizó.

Humphrey precisó que la resolución de establecer los 220 mil pesos como tope de gastos de campaña para las candidaturas de la elección judicial fue una decisión que no acompañó, pero finalmente se aprobó por mayoría, por lo que es ya una realidad.

Agregó que la Constitución da la posibilidad de establecer acuerdos que maximicen los derechos de las personas, especialmente cuando se trata de candidaturas tan diferentes, las cuales requieren diferentes tipos de campaña, con objetivos muy específicos. De acuerdo con la consejera, se debió establecer un monto que fuera serio, racional y que además pueda ser fiscalizable.