Consejeros electorales recibieron el primer informe sobre los casos denunciados de candidatos a jueces, ministros y magistrados que pudieran no cumplir los requisitos de elegibilidad al tener problemas con la declaración 8 de 8, y aunque fueron abiertos 13 expedientes por indicios presentados por la ciudadanía, hasta el momento no hay elementos que permitan determinar la inelegibilidad de estos aspirantes.

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Las consejeras electorales Carla Humprey y Dania Ravel señalaron la necesidad de continuar con las indagatorias y en su caso, determinar si se actualiza alguna hipótesis que impidiera declarar la validez de la elección respectiva, pero consideraron que las autoridades deben tener mayor cooperación.

De los 13 expedientes abiertos, que son identificados por número, sin mencionar los nombres de los involucrados, a través de la página web del INE se recibieron las denuncias ciudadanas, se identifican casos que van desde acusaciones de violación, estar en el padrón de deudores alimentarios, acusados de violencia política en razón de género y hasta presuntos candidatos con sentencias judiciales en su contra, pero aparecen clasificados como sin hallazgos, aunque se aclara que seguirán las investigaciones.

La secretaría ejecutiva del INE, Claudia Espino, precisó que siguen las investigaciones para tener informes más completos antes del 15 de junio, cuando deben darse las constancias de mayoría a los candidatos ganadores.

Asimismo, informó que hasta este 5 de junio fueron recibidos 38 formularios de información sobre candidaturas de parte de la ciudadanía y de organizaciones de la sociedad civil, pero en algunos casos son varias quejas sobre una misma persona, por lo que el concentrado es de 26 casos y ya se giraron los oficios a las autoridades judiciales y administrativas para determinar la situación de estos aspirantes, a los que también se les dará el derecho de audiencia.

“Desgraciadamente, y también como lo hemos visto y como se puede constatar en este informe, muchas veces hacemos requerimientos a las autoridades competentes y simplemente no obtenemos la información para poder llegar a una determinación. Entonces, en realidad, lo que nos proporciona la ciudadanía es lo que más nos ha ayudado en estos temas”, señaló la consejera Dania Ravel, al referirse a que no se ha podido llegar a conclusiones definitivas en estos casos.

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Advirtió, sin embargo, que es necesario no crear falsas expectativas, porque a una persona se le pueden suspender el ejercicio de sus derechos políticos electorales y, específicamente el derecho a ser votada, integrar un órgano colegiado, sí existe una resolución firme en donde esa persona ya haya sido escuchada y vencida en un juicio y se hayan agotado todas las instancias en donde se haya comprobado que, efectivamente, incurrió en alguna infracción que amerite la suspensión de sus derechos políticos.