A decir del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la corrupción sigue siendo el flagelo entre la población y el sector económico del país, pues al menos 45.2% de las personas en áreas urbanas fue víctima de corrupción al tener contacto con autoridades de seguridad pública.

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De esta forma, lo reportado en los primeros seis meses de 2025 representa una disminución respecto de lo registrado en el segundo y el primer semestre de 2024, cuando se alcanzaron 47.2% y 47.5%, respectivamente.

Y si bien este fenómeno en el país no estaría desapareciendo, como lo prometió la cuarta transformación cuando inició en el sexenio pasado, en la actual administración al parecer estaría bajando, pues datos del INEGI señalan que de enero a junio de 2025, 8.9% de personas de 18 años y más, residentes de áreas urbanas, que realizaron de forma directa algún trámite, pago o solicitud de servicio ante una persona servidora pública, fue víctima de corrupción.

Lo anterior, según las Estadísticas a propósito del Día Internacional contra la Corrupción, el próximo 9 de diciembre, que señalan que el porcentaje es similar al primer trimestre de 2023 cuando fue de 8.8%; pero casi dos puntos por debajo del primer semestre del año pasado cuando fue de 10.4% y del segundo semestre de ese mismo año, cuando fue de 10.9.

Los hombres siguen observando el mayor número de víctimas de la corrupción, toda vez que representaron 10.2%, contra 7.9% de las mujeres.

Respecto al sector económico, y con datos algo desfasados, se señala que al menos 169 mil 769 empresas, 3.5%, habrían sido víctimas de corrupción en 2023, cifra inferior a la observada en 2017, el año con mayor prevalencia en la serie.

Informó que “por cada microempresa víctima de corrupción hubo 2.5 empresas medianas en la misma situación”, sin que se identificaran diferencias estadísticamente significativas entre comercio, industria y servicios.

En cuanto a las sanciones, el Instituto que encabeza Graciela Márquez, señala con datos menos actualizados, que en 2023, dos mil 341 servidores públicos federales fueron penalizados, lo que representa 14.4 por cada 10 mil.

A nivel estatal, Estado de México y Campeche encabezaron las tasas con 103.1 y 81 por cada 10 mil personas servidoras públicas. En Baja California Sur y Colima, en cambio, no se registraron personas sancionadas.