Informe de Ayotzinapa no es posición política: Encinas

URBANO BARRERA Y EFE Foto: Cortesía Gobierno de México El gobierno federal rechazó que haya un uso político del informe que presentó hace una semana la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, que concluyó que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “crimen de Estado” del sexenio anterior.

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URBANO BARRERA Y EFE

Foto: Cortesía Gobierno de México

El gobierno federal rechazó que haya un uso político del informe que presentó hace una semana la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, que concluyó que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “crimen de Estado” del sexenio anterior.

“Una de las afirmaciones que se han hecho frecuentemente del informe es que esta es una posición política del Gobierno, y nosotros queremos destacar que este informe es el resultado de un proceso de investigación”, declaró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos.

Frente a las críticas y nulo resultado, en ocho años, sobre el paradero de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas salió a explicar el reciente Informe de la Comisión de la Verdad en Palacio Nacional.

Argumentó que los responsables de ordenar la desaparición forzada son: el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca y el grupo criminal ‘Guerreros Unidos’ en complicidad con civiles y militares de los tres órdenes de gobierno.

Reconoció que 67 de los responsables directos ya fueron puestos en libertad, entre ellos ‘El Gil’ sicario de ‘Guerreros Unidos’ y que ahora opera en el mismo estado de para el crimen organizado.

Agregó que entre todos ellos se hizo una desaparición cruel de los jóvenes, cuyos restos fueron removidos a diversos lugares, razón por la cual se les sigue buscando.

Al mismo tiempo, en las próximas horas habrá más detenciones, pues hay 24 ‘Guerreros Unidos’ involucrados, 17 servidores públicos municipales y 10 federales.

El subsecretario pidió se lea a profundidad el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, pues no es lo mismo que la ‘Verdad Histórica’ del ahora detenido, Jesús Murillo Karam.

En un resumen dijo que los estudiantes nunca pretendieron boicotear el Informe de la titular del DIF y esposa del alcalde José Luis Abarca, sino se quiso frenar la toma de camiones y movilizaciones de Ayotzinapa a la Ciudad de México previo a la marcha del 2 de Octubre.

Destacó que no fue un hecho fortuito, puesto que se le daba seguimiento a los jóvenes y eran monitoreados las 24 horas del día, incluso con un militar infiltrado que también despareció, sin que lo apoyaran sus jefes militares.

Negó que todos los estudiantes estuvieran concentrados en la comandancia de policía y todos estuvieron en lugares diferentes.

Encinas Rodríguez, indicó que los jóvenes no fueron quemados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan como se ha manejado, sino fueron divididos en grupos y reubicados en distintos puntos.

Hubo quienes estuvieron vivos hasta seis días en bodegas viejas y después desaparecidos.

Por ello, que científicos de la Universidad de Innsbruk, Austria, pudieron identificar a los restos de tres estudiantes.

Dijo que tres células de ‘Halcones’ tuvieron intensa colaboración con policías municipales para detener a los jóvenes.

Indicó que se confirma que un camión Ecoter sin pasaje logro evadir todos los retener y llegar al estado de Morelos, al parecer con droga.

Los mandos militares no hicieron nada para proteger al soldado Julio César López Patolzin, infiltrado entre los estudiantes y quien también está desaparecido.

Que no hay indicio alguno para alentar la posibilidad de que algún estudiante estuviera vivo, pues todos fueron arteramente asesinados y desaparecidos.

Que sigue la búsqueda en ríos, barrancas, brechas y parajes de la entidad.

Confirmó que la verdad histórica fue un acto concertado desde los más altos niveles del Gobierno. Que se involucró a integrantes de los tres niveles de gobierno civiles y militares.

Por todo ello, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial deberán deslindar responsabilidades de todas las personas involucradas.