Señal: inversión en infraestructura digital global  Tendencia: fragmentación en bloques

En las últimas semanas, Estados Unidos y sus aliados han intensificado las restricciones para evitar que empresas chinas participen en la construcción y operación de cables submarinos de telecomunicaciones. El caso más reciente es el del cable SeaMeWe-6, que originalmente contaba con intervención de China y fue rediseñado tras presiones diplomáticas para reducir drásticamente su participación. La razón es clara: en una era donde el flujo de información es poder, la infraestructura que lo transporta se ha vuelto un nuevo frente geopolítico.

Más del 95% del tráfico mundial de internet viaja por cables submarinos. Su control no solo asegura conectividad, sino que abre la puerta al espionaje, la interrupción del servicio o incluso su militarización en escenarios de tensión. A medida que el mundo se fragmenta en bloques tecnológicos, también se fragmentan las rutas por las que fluye la información.

A la competencia por el subsuelo oceánico se suma ahora una carrera en el espacio. La red de satélites Starlink, de Elon Musk, ha demostrado en conflictos como el de Ucrania que la conectividad satelital puede ser un recurso geopolítico decisivo. En manos de un actor privado, Starlink ha sido capaz de mantener o cortar conectividad en zonas estratégicas, operando por encima de los Estados. Su capacidad de despliegue rápido y cobertura global plantea preguntas urgentes: ¿qué pasa cuando la infraestructura crítica no está en manos públicas ni reguladas por acuerdos internacionales?

China responde con su propia red de cables y constelaciones satelitales, mientras Europa discute la necesidad de una soberanía digital que incluya infraestructura estratégica. La digitalización ya no es cuestión de eficiencia: es cuestión de poder. Y el poder se construye desde los cables y los satélites.

¿Y México? Nuestro país tiene una ubicación privilegiada en el mapa digital global. Es paso natural de rutas de conectividad entre América del Norte, Sudamérica y Asia. Empresas como Starlink ya operan en territorio mexicano (aunque con procesos legales abiertos por el uso de marca), y se han anunciado inversiones en centros de datos y redes de fibra óptica. 

Un ejemplo que podría escalarse es la Red Troncal de fibra óptica del Estado mexicano, un proyecto lanzado hace algunos años con la intención de ampliar la cobertura y acceso a internet mediante el aprovechamiento de infraestructura pública. Si bien su avance ha sido limitado, representa una base sobre la cual se podría construir una estrategia nacional más ambiciosa de conectividad soberana. También hay iniciativas locales de ciudades inteligentes y centros de datos que podrían convertirse en polos regionales si se articulan con visión de largo plazo. Pero aún no tenemos una estrategia nacional para proteger, aprovechar o desarrollar infraestructura digital propia. 

No se trata de prohibir ni cerrarse al mundo, sino de planear con visión de futuro. Así como hay políticas energéticas, hídricas o alimentarias, necesitamos una política de infraestructura digital. Saber qué cables cruzan nuestro territorio, qué satélites nos conectan, dónde están nuestros datos y quién tiene la capacidad de encenderlos o apagarlos. Porque en el siglo XXI, quien controla el flujo de información controla poder geopolítico.

La gran pregunta para México no es si tendremos conectividad, sino si tendremos soberanía digital. El tiempo de decidir es ahora, antes de que otros decidan por nosotros –o ya lo estén haciendo–.

Guillermo Ortega Rancé

@ortegarance