Aida Ramírez / Ovaciones
Foto: Rey R. Jáuregui / Cuaartoscuro.com
Los casi 13.5 millones de migrantes indocumentados -equivalentes a la población de Nicaragua y Honduras juntos, al 75% de la de Guatemala, poco menos de la mitad de la de Venezuela y a la totalidad y un poco más de la de Haití-, que han tratado de llegar a la frontera con Estados Unidos para alcanzar su “sueño americano”, recuerda “la importancia de arreglar un sistema migratorio quebrado”, como lo dijera hace un año, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, cuando se incendió la estación migratoria en Ciudad Juárez Chihuahua.
Fue precisamente en los inicios de este sexenio cuando el mundo vio por medio de las cadenas de televisión, cómo miles de migrantes iniciaban caravanas desde Centro y Sudamérica y trataban de entrar por la fuerza por Ciudad Hidalgo, Chiapas, México, para después de salvadas las vallas, iniciar el tramo más costoso del sueño, alcanzar la frontera con Estados Unidos.
En el camino, muchos han desistido de llegar a la Unión Americana y ante las vicisitudes como la de obtener el documento que les permita transitar por el territorio nacional, han preferido quedarse en alguna de las entidades de la República Mexicana antes que ser alcanzados y desaparecidos, muertos o ingresados a las filas del crimen organizado.
O peor, fallecer por las faltas y omisiones de las autoridades migratorias como sucedió el 31 de marzo de 2020, en el centro migratorio del INM, en Tenosique, Tabasco, donde resultó una persona muerta y 14 lesionados.
En ese entonces, refirió la Fiscalía General de la República, la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos) generó una recomendación, “que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos”.
La FGR observó, después del incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez en 2023, que los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “de los últimos años vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados”.
Con el marco anterior, se recuerda que este jueves 27 de marzo se cumple un año del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en Chihuahua, que costó la vida a 39 migrantes -29 de ellos guatemaltecos-, resultaron 27 lesionados.
Por ello, el gobierno federal precisa que desde 2019 a la fecha, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha registrado el tránsito por territorio mexicano de 13 millones 492 mil 177 personas migrantes irregulares, “lo que convierte a México en uno de los países en el mundo con mayor flujo de seres humanos que buscan llegar a los Estados Unidos por cualquier medio”.
Sin embargo, los esfuerzos para mitigar el tránsito de nacionales de los países centro y sudamericanos han sido infructuosos.
El año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a algunos de sus pares de América Latina, al “Encuentro por una vecindad fraterna y con bienestar”, para alcanzar acuerdos que se presentaron al gobierno de Estados Unidos, con el fin de contener la expulsión de nacionales de cada país.
Pero poco se ha alcanzado, pues a pesar de que también en México se les ha ofrecido empleo en los estados del sur-sureste, esta semana se informó que México firmó un acuerdo con Venezuela, para que a cada venezolano repatriado se le dé una tarjeta del Banco Bienestar, en donde se les depositará 110 dólares mensuales, durante seis meses, además de que se ha acordado con algunas empresas locales y extranjeras que les darán empleo. Este martes, se dijo que este mismo acuerdo se busca alcanzarlo en Colombia y Ecuador.
En tanto, Migración dio a conocer de los trabajos de transformación en estaciones migratorias para que no se repita hechos como el de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Se aseguró que con el objetivo de garantizar la no repetición de hechos que atenten contra la integridad y vida de las personas migrantes extranjeras que transitan en contexto de movilidad, se trabaja en la mejora y modernización de sus espacios de alojamiento e infraestructura con el propósito de responder a su misión de atender con perspectiva humanista y de respeto a los derechos humanos.
Al momento, de las 54 estancias con las que cuenta el INM para alojar a la población migrante, 33 continúan suspendidas temporalmente desde el 29 de abril de 2023, cuando el instituto solicitó formalmente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) certificar sus condiciones y determinar cuáles deben cerrar, rehabilitarse o continuar.
En tanto, 17 ofrecen atención integral con capacidad para alojar cuatro mil 786 personas; cuatro de estas sedes con alta capacidad de concentración: Tapachula, Chiapas (960); Acayucan, Veracruz (836); Villahermosa, Tabasco (532), e Iztapalapa, Ciudad de México (502).
A partir del 20 de junio de 2023, la autoridad migratoria implementó un programa integral y progresivo en materia de protección civil para sus espacios de alojamiento, consistente en la instalación de puertas de emergencia, retiro de rejas, eliminación del uso de candados y cerraduras en todas las áreas de tránsito y flujo interno de las personas alojadas, así como la eliminación de barrotes de puertas y ventanas, instalación de vidrio plástico y detectores de humo.
