La iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la Ley General de Aguas, devuelve al agua su carácter de bien público estratégico y restituye su sentido como derecho humano, al colocar por encima de cualquier interés particular la vida, la salud, los ecosistemas y la seguridad hídrica de las futuras generaciones, aseguró la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna.

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Recordó que el derecho humano al agua está establecido en la Constitución, pero desde hace 12 años está pendiente una Ley General de Aguas y desde 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional esta omisión legislativa, subrayando que la ausencia de esta ley impide delimitar adecuadamente las competencias de los tres órdenes de gobierno en materia hídrica. Este vacío normativo afecta directamente la gestión del agua en el país y, sobre todo, el ejercicio pleno del derecho humano al agua.

Advirtió que en México entre 12 y 15 millones de personas carecen de agua potable, especialmente en zonas rurales y urbano-marginadas. Al menos 105 acuíferos están sobreexplotados y 70 por ciento de los ríos están contaminados.

Además, se pierde alrededor del 30 por ciento del agua potable por fugas, y casi un tercio del agua entubada no llega en cantidad ni calidad suficiente a los hogares, mientras que los costos ambientales y económicos derivados de la contaminación y sobreexplotación superan los 100 mil millones de pesos anuales.

En ese marco, dijo, la iniciativa que propone la presidenta propuso expedir una Ley General de Aguas, reglamentaria del artículo 4º constitucional, que garantice el derecho humano al agua, priorizando su uso doméstico, el mínimo vital y prohibiendo la suspensión total del servicio y reformar integralmente la Ley de Aguas Nacionales, para devolver al agua su carácter de bien nacional estratégico y poner fin al enfoque mercantilista que prevaleció durante las décadas pasadas.

Entre los avances más relevantes de la iniciativa están que limita a los particulares en favor del interés público, garantizando el derecho humano al agua, la seguridad hídrica y la integridad de los ecosistemas; prioriza el uso humano; cierra las puertas de la especulación sobre los recursos hídricos, dejando atrás la época neoliberal que hizo del agua una mercancía; fortalece la planeación y la información pública y habilita herramientas de emergencia para proteger poblaciones y ecosistemas.

“Por ello, la aprobación de esta Ley General de Aguas y la actualización de la Ley de Aguas Nacionales no solo es urgente: es un acto de justicia ambiental, social y constitucional largamente postergado. Ante la creciente frecuencia de sequías, el incremento de conflictos por el agua y los compromisos internacionales en materia de desarrollo sostenible, no podemos seguir aplazando esta responsabilidad”, señaló Padierna.

Agregó que es momento de dejar atrás las inercias neoliberales que trataron al agua como mercancía y avanzar hacia un nuevo paradigma donde el agua sea reconocida, gestionada y protegida como lo que es: un bien público indispensable para la vida.