Más de tres mil familias han sido desplazadas de sus hogares en Sinaloa como consecuencia de la violencia criminal, sin reconocimiento legal que les permita acceder a protección inmediata, atención institucional y garantías básicas, por lo que la senadora por el PRI, Paloma Sánchez Ramos presentó una iniciativa para que las personas desplazadas sean reconocidas formalmente como víctimas de desplazamiento forzado.

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La propuesta plantea que el Estado garantice, desde el primer momento de la salida forzada del hogar, alojamiento, alimentación, seguridad y acceso a servicios esenciales, con el fin de atender la pérdida de vivienda, patrimonio y condiciones mínimas de seguridad que enfrentan las familias desplazadas, ya sea por hechos de violencia, fenómenos naturales o conflictos sociales.

La legisladora advirtió que actualmente no existe un registro oficial de personas desplazadas ni un plan integral de atención, lo que mantiene a miles de familias en una situación de vulnerabilidad prolongada, sin protección efectiva ni condiciones para un retorno seguro a sus comunidades de origen.

Sánchez Ramos explicó que el desplazamiento forzado en Sinaloa se produce ante amenazas, ataques armados y el control territorial del crimen organizado, lo que obliga a familias completas a huir de sus comunidades y abandonar viviendas, patrimonio y medios de subsistencia, sin que exista una respuesta institucional adecuada.

Añadió que, pese a la gravedad del problema, el gobierno federal y el gobierno estatal no han implementado acciones concretas para atender a las personas desplazadas y se limitan a señalar que se encuentran trabajando, mientras miles de familias permanecen sin protección, sin atención efectiva y sin condiciones para el retorno.

La senadora por el Partido Revolucionario Institucional señaló que esta omisión mantiene a miles de sinaloenses en abandono institucional, sin acceso a vivienda, seguridad ni servicios básicos, pese a encontrarse en una condición de extrema vulnerabilidad derivada del desplazamiento forzado, por lo que consideró que es necesario establecer un marco legal que reconozca a las personas desplazadas como víctimas y garantice su protección inmediata, ante una situación que no debe ser normalizada.