AIDA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro.com

Más allá de sus objetivos políticos, el gobierno federal haría bien en priorizar acciones para reducir drásticamente la violencia y extorsión con el fin de generar mayor crecimiento y bienestar, señaló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

En su análisis semanal, el organismo de la cúpula empresarial sostuvo que no hay duda de que el requisito principal para impulsar el crecimiento, el empleo y el bienestar de los hogares es la inversión productiva, por lo que consideró “indispensable un ambiente de seguridad y de respeto a la legalidad en el que los inversionistas se sientan seguros y comprometidos con la inversión”.

LEE ADEMÁS: ¿Por qué Televisa tiene un moño negro en su programación?

Observó que en ocasiones se señala que las grandes empresas internacionales que pueden venir a aprovechar las ventajas de la relocalización y la cercanía con el mercado de los Estados Unidos están acostumbradas a lidiar con costos de seguridad elevados en diversas regiones del mundo.

“Pero un desarrollo basado en ello correría el riesgo de dejar fuera a buena parte de empresas mexicanas de menor tamaño, prolongando las inequidades entre empresas de distintos tamaños y entre regiones del país”.

De ahí que, advirtió que sin mejor seguridad pública “será difícil que se aprovechen las oportunidades que la economía enfrenta hoy y que la situación económica del país mejore sustancialmente en el futuro. El ritmo de crecimiento seguiría siendo débil e insuficiente para mejorar significativamente la calidad de vida de los hogares”.

Refirió que de acuerdo con la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el cuarto trimestre del 2023 el Producto Interno Bruto (PIB) creció apenas 0.1%, lo que además de representar su menor avance en los últimos nueve trimestres, resulta significativamente inferior al pronóstico de los especialistas que anticipaban un aumento ligeramente por arriba de 0.5 por ciento.

Respecto al mismo trimestre del año previo el PIB aumentó 2.4%, porcentaje casi siete décimas de punto porcentual inferior a la estimación de los especialistas y “confirma el debilitamiento de la actividad económica” en la última parte del 2023, como ya preveía el CEESP en reportes anteriores.

Así, en todo 2023 la economía registró un avance de 3.1%, resultado que, si bien se mantiene por arriba de 3.0%, estuvo por debajo de las expectativas más recientes, indicó el organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Consideró que si bien, las expectativas de crecimiento para el 2024 han ido mejorando de manera paulatina, “es un hecho que la percepción generalizada apunta a un menor ritmo de avance, incluso para los siguientes años, toda vez que los pronósticos anticipan un crecimiento más cercano a 2.0% en el mediano plazo”.

En este contexto, señaló que los ajustes más recientes muestran una expectativa que podría considerarse menos optimista, pues en la Encuesta de Expectativas del Banco de México (Banxico), el promedio de crecimiento esperado para 2024 es de 2.37% y para 2025 de 2.0 por ciento.

La encuesta de Citibanamex registra avances de 2.5% y 2.0%, respectivamente. El Fondo Monetario Internacional prevé crecimientos de 2.7% y 1.5%, en el mismo orden.

Por lo anterior, dijo el CEESP, “el debilitamiento de las expectativas refleja la poca efectividad de las políticas públicas instrumentadas para facilitar el crecimiento. Desde la constante posición antagónica del gobierno frente a la actividad del sector privado, hasta la cancelación de proyectos en diversos sectores, como el aeroportuario, el petrolero y el eléctrico, entre otros, incrementó sustancialmente la incertidumbre para invertir.

“No obstante, el proceso de relocalización parece haber mejorado la percepción de un mejor ambiente de negocios para invertir en la actividad productiva de México. Pero ante la persistencia de un ambiente de frecuentes cambios en las reglas del juego, un estado de derecho débil, los elevados niveles de corrupción, impunidad e inseguridad, el sector privado continúa siendo muy cauteloso para comprometer un mayor nivel de recursos para inversión”.

El Centro de Estudios señaló que en este entorno es importante considerar que menores flujos de inversión inhiben un mayor crecimiento, limitan una mayor creación de empleo formal mejor remunerado, impulsan la precarización del sector laboral y favorecen la informalidad.

Por eso, recordó que entre las limitantes que deben enfrentar las empresas para invertir están regulaciones inadecuadas o excesivas, cambios frecuentes de las reglas del juego y obstáculos para participar en sectores considerados de una u otra forma exclusivos del estado, entre otras. “Pero una que parece crecer en importancia es la creciente intranquilidad y mayor preocupación relacionadas con la inseguridad pública.

“El abatimiento de la inseguridad es uno de los mayores desafíos para el país. La propagación del crimen a lo largo del país lo hace quizá el más difícil”, subrayó.

En opinión de los especialistas en economía del sector privado, los problemas de seguridad pública se han consolidado como el principal factor que puede obstaculizar el crecimiento económico, lo que “refleja en buena medida las políticas fallidas en materia de seguridad pública, de aplicación del estado de derecho y de combate a la corrupción e impunidad”.

Al respecto, el CEESP indicó que los elevados e inéditos niveles de violencia, el fortalecimiento del crimen organizado, la extorsión y la constante impunidad que prevalece en el sistema de justicia son problemas que atentan contra la paz, la estabilidad y el bienestar de la sociedad.

Las autoridades insisten en avances en materia de seguridad; “pero las cifras muestran ciertos resultados favorables sólo en el margen. Aún se está lejos de un verdadero control de la situación”.

Señaló que de acuerdo con los más recientes resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE), del INEGI, en el tercer trimestre del 2023 el costo de la inseguridad y el delito en los hogares fue de 319.1 mil millones de pesos, cifra equivalente a 1.1% del PIB.

No obstante, el Global Peace Index 2023, publicado por el Institute for Economics & Peace señala que el costo de la violencia en México fue de 350 mil millones de dólares, que equivale al 11.0% el PIB.

“Los esfuerzos oficiales por reducir los niveles de violencia no han rendido los resultados deseados. De acuerdo con el ranking sobre las 50 ciudades más peligrosas del mundo, de las seis más violentas cinco se ubican en México. Además, en el índice sobre la corrupción elaborado por Transparencia Internacional, México se mantuvo en el lugar 126 de un universo de 180 países”, puntualizó el CEESP.