“Con un sistema judicial debilitado e impreparado”, y con toda la atención puesta al cambio presidencial, es muy probable que los niveles de inseguridad e impunidad se fortalezcan en perjuicio de la población y de la actividad productiva, como recién se aprecia en el norte del país, especialmente en Sinaloa, en donde pareciera que la delincuencia ha tomado prácticamente el control gracias a la permisiva política del gobierno de abrazos y no balazos, observó el CEESP en su análisis semanal.

LEE ADEMÁS: Este martes, el Tribunal Electoral capitalino dará constancia de validez a Clara Brugada

Señaló que los principales indicadores macroeconómicos ya parecen dar cuenta de esta situación, de un ambiente social de creciente inseguridad.

Y es que, indicó que los resultados más recientes del INEGI muestran que en el segundo trimestre del año el Producto Interno Bruto (PIB) creció 0.2%, porcentaje que, si bien supera marginalmente el dato previo de 0.1%, no muestra señal alguna de una mejora para los siguientes trimestres. De hecho, indicó que en su comparación anual el PIB solo creció 1.0 por ciento.

Por ello, el organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señala que minimizar los problemas de inseguridad, impunidad y delincuencia solo aviva la incertidumbre y la preocupación tras la aprobación de la reforma judicial, que al parecer podría limitar la aplicación de una justica efectiva.

“Si bien el nuevo gobierno avala la Reforma Judicial, es importante considerar que esta podría restringir sus esfuerzos para lograr el ambiente de tranquilidad y seguridad que el país requiere”, señaló.

Asimismo, destacó que la inversión, principal impulsor del crecimiento, muestra un rápido debilitamiento, que parece responder al ambiente de elevada incertidumbre por cuestiones políticas y del agudo ambiente de inseguridad que prevalece en el país.

“Esto sin duda, pone en riesgo la oportunidad de aprovechar el proceso de relocalización que, si bien ya desde hace años ha ubicado a México como un punto atractivo para la instalación de empresas foráneas, la oportunidad reciente en este tema, que se fortaleció significativamente en los últimos cinco años, podría ponerse en riesgo.

“De hecho, hasta el momento no hay indicios decisivos de que este proceso haya tenido algún beneficio claro sobre la economía y bienestar de la población”, dijo.

Señaló que el reporte del INEGI señala que en el segundo trimestre del año la inversión total creció 0.4%, avance que respondió en su totalidad al alza de 1.5% en la inversión privada; “esto significa que las empresas mantienen sus niveles de inversión para seguir operando de manera normal, aunque sin signos de una mayor asignación de recursos ante un incentivo limitado”.

Por su parte, la inversión pública se contrajo 5.2%, como consecuencia de la conclusión de los proyectos insignia del gobierno.; pero esto parece implicar que la inversión pública en temas tan relevantes como infraestructura básica no fluye lo suficiente para estimular una mayor inversión privada.

Respecto al mismo trimestre del año pasado, la inversión pública cayó 2.2%, su primera baja en los últimos nueve trimestres, después de reportar aumentos de dos dígitos.

El análisis del CEESP puntualiza que en este entorno, las expectativas de crecimiento continúan corrigiéndose a la baja, pues de acuerdo con la estimación oportuna del INEGI, durante julio el indicador global de la actividad económica creció 0.1%, mientras que en agosto se percibe una ligera mejora de 0.3%.

A pesar de estos avances mensuales, su comparación anual continúa mostrando una marcada debilidad. Tanto para julio como para agosto se prevé un incremento de 1.1 por ciento.