¿Hasta dónde llegará la ingobernabilidad en el país? ¿Hasta cuándo se prolongará el derramamiento de sangre? Son preguntas pertinentes ante lo sucedido en los últimos días en Culiacán, donde la sociedad dio una contundente muestra de hartazgo ante las atrocidades del crimen organizado y la indolencia, cuando no complicidad de las autoridades, cuya obligación es proteger a la ciudadanía.

Dos niños y su padre murieron a manos del crimen organizado, en el entorno de violencia que priva en Culiacán y otros puntos de la entidad, por los enfrentamientos entre el Cártel de Sinaloa, dividido desde la captura de Ismael el Mayo Zambada entre Chapitos y Mayitos, que no solo se disputan el territorio y el control del mercado de las drogas, sino que buscan cobrar venganza por las traiciones cometidas. 

Los hechos de violencia se han multiplicado y desbordado provocando cientos de muertos y convirtiendo a la capital sinaloense en tierra de nadie, con un gobierno rebasado por la creciente inseguridad y un gobernador, Rubén Rocha Moya, que raya en el cinismo criminal cuando, montado en el inconcebible apoyo que recibe de Claudia Sheinbaum y de Morena, jura que en su estado no pasa nada y que todo el terror y la tragedia que se describen es un invento de los medios de comunicación. 

En otro tiempo, la cabeza de Rocha Moya o de cualquier otro gobernante en circunstancias similares habría rodado sin excusas. Pero la política ha llegado a tal nivel de mezquindad e indignidad en estos días, que a pesar de las evidencias que lo vinculan con grupos criminales, el gobernador no solo sigue aferrado a la silla, sino que cuenta con el respaldo personal de la Presidenta y del aparato del Estado.

Las multitudinarias manifestaciones en Sinaloa encienden las alarmas. Los gritos de “fuera Rocha” y “con los niños no” resuenan todavía en las calles de Culiacán. La situación del gobernador es cada día más insostenible. ¿Llegará al final de su mandato en octubre de 2027 o algo o alguien lo impedirá?