La Asociación Nacional de Magistrados de Distrito y Jueces de Distrito (Jufed) advirtió que la elección de jueces, ministros y magistrados no pueden realizarse, por la cantidad de inconsistencias e irregularidades detectadas en ellas, además de que ponen en severo riesgo a la democracia.

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Advirtió además que los funcionarios de casilla que operen estas elecciones estarán en riesgo, porque también se encontrarían en la situación de estar violando suspensiones de amparo concedidas por jueces.

En un comunicado, detalló que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha admitido públicamente los graves desafíos logísticos que enfrenta debido al recorte presupuestal del 52 por ciento impuesto por la Cámara de Diputados, que obligó a reducir el número de casillas al 43 por ciento de lo inicialmente planeado y a operar con menos de la mitad del personal electoral necesario para garantizar una votación segura, transparente y confiable.
Además, no habrá una revisión del padrón electoral y la disminución de recursos materiales que garantizarían la inviolabilidad del voto.

“Es claro que estas irregularidades demuestran la inviabilidad de la misma, su inoperancia y desvelan que no hay un apoyo de los ciudadanos, como la narrativa oficial lo hace creer, para el desmantelamiento de la justicia federal, dado el margen de desinterés y abstencionismo que funcionarios y expertos alertan”, sentenció.

La Jufed reiteró que estas condiciones comprometen directamente la calidad del proceso electoral y abren la puerta a irregularidades como el acarreo, la compra de votos y la disparidad en los porcentajes de votación para los distintos puestos a ser sujetos de elección, además de que no existen precedentes en el marco electoral para este tipo de procesos y su impugnación.

Advirtió que la complejidad del modelo de votación que contempla seis boletas diferentes con hasta 60 candidatos por cargo, confundirá al electorado y promoverá un voto superficial y mal informado e incluso consejeros electorales han reconocido públicamente que la participación ciudadana podría caer a niveles históricos, con menos del 10 por ciento del padrón votante, lo que evidencia que el proceso carece del respaldo social necesario y que no existe un interés popular detrás de esta reforma, sino un intento de concentrar el poder político.

La organización apuntó en que el diseño de la elección pone en riesgo la imparcialidad judicial al permitir que las candidaturas sean propuestas por los tres poderes, con un evidente sesgo hacia quienes tienen afinidad con el partido en el poder.

“Esto no solo amenaza la independencia del Poder Judicial, sino que pone en peligro el derecho de las y los ciudadanos a contar con juzgadores imparciales y capacitados, seleccionados con base en méritos y no en lealtades políticas”, enfatizó.

Finalmente, los jueces y magistrados sentenciaron que este proceso, lejos de democratizar al poder Judicial, expone su independencia a la franca injerencia política, vulnera los derechos humanos de las personas y compromete la confianza en la República, razón por la cual debe suspenderse.

La Jufed también recordó que las suspensiones judiciales otorgadas contra esta reforma han sido desestimadas o ignoradas, lo que constituye un incumplimiento flagrante del orden jurídico.

“Esta conducta puede derivar en responsabilidades administrativas y penales para los funcionarios del INE en todos sus niveles. Pero incluso, en su desacato, la autoridad electoral puede llevar a los ciudadanos que decidan participar como funcionarios de casillas a convertirse en operadores de la reforma suspendida y por lo tanto incurrir en las mismas conductas sancionables”, concluyó.