Julio César ’N’ salió el pasado domingo 25 de agosto del Cefereso 11 de Hermosillo, Sonora, sin portar brazalete electrónico alguno. Esta tregua en medio de su juicio por presuntos vínculos con el crimen organizado y por tráfico de armas, se produjo después de que un juez le concediera la libertad condicional ante la falta de pruebas contundentes para mantenerlo en prisión preventiva.

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El hijo de ‘El Gran Campeón Mexicano’ se encuentra ahora en su hogar, rodeado de sus seres queridos, tras ser detenido en Estados Unidos a inicios de julio, deportado la semana pasada y recluido brevemente en el centro penitenciario de máxima seguridad. El abogado defensor del pugilista, Rubén Fernando Benítez, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) no solicitó la medida cautelar del brazalete.

“No tiene brazalete, Fiscalía no lo pidió y pues yo evidentemente tampoco y por nada lo haría”, mencionó el litigante en entrevista con Luis Cárdenas.

La FGR había enjuiciado a Julio ’N’ por los delitos de tener una relación con el crimen organizado y por tráfico de armas. Sin embargo, el juez Enrique Hernández resolvió que el boxeador puede continuar su proceso en libertad, con la única condición de no salir de territorio mexicano.

Su defensor argumentó que las acusaciones se basaban más en anécdotas y conjeturas que en hechos reales y pruebas completas, por lo que destacó que no existía un solo acto que demostrara la participación de su representado en conductas reprobables.

“Va a estar con varias restricciones que va a cumplir puntualmente. Lo importante es que ya está con su familia y que su papá (Julio César Chávez) está muy contento con su resolución. Fueron anécdotas más que pruebas completas, no existe un solo acto que demuestre participación (con el crimen organizado) por parte de mi representado en una conducta totalmente reprobable”, expresó Fernández Benítez, el defensor de ‘El Junior’.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se limitó a comentar escuetamente sobre el caso, al afirmar que la decisión correspondía exclusivamente al juez y a la FGR, para así evitar profundizar en una resolución que ha sido percibida como controversial por diversos sectores de la sociedad. Sheinbaum había revelado en conferencias anteriores que la investigación en su contra se inició en 2019, pero no fue hasta 2023 cuando se giró una orden de aprehensión.

Si bien la resolución judicial aplica el principio de presunción de inocencia —al estipular que nadie debe permanecer encarcelado sin pruebas contundentes—, también desnuda una cruda realidad, pues este mismo estándar no se aplica de manera uniforme para todos los ciudadanos.

Mientras Julio César ’N’ seguirá su proceso en libertad, con la posibilidad de solicitar permisos para pelear en el extranjero, miles de mexicanos acusados de delitos menores, o incluso inocentes, permanecen en prisión preventiva durante años debido a la falta de recursos para una defensa adecuada o a la lentitud burocrática del sistema judicial.

En tanto, la próxima audiencia del caso está programada para el 24 de noviembre, donde se evaluarán los avances en la investigación.

“La pena máxima que él (‘Junior’) podría alcanzar potencialmente, solo si esto se va a acusación en tres meses y si es condenado, ahora solo son indicios, pero si eso sucediera, la pena oscila en un mínimo de cuatro a un máximo de ocho años”, sentenció su abogado sobre este proceso legal que ha puesto bajo los reflectores las profundas desigualdades del sistema judicial mexicano.