Foto: Alam Rodríguez QUERÉTARO.– La suspensión de la corrida de toros programada para este viernes en Provincia Juriquilla no es un hecho aislado ni una simple cancelación administrativa. Es, en realidad, un episodio significativo dentro de una estrategia jurídica que, sin pasar por el debate legislativo ni por la deliberación pública, está redefiniendo de facto el ejercicio de la tauromaquia en México.
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El festejo contemplaba un cartel integrado por los matadores Octavio García “El Payo”, Juan Ortega, Pablo Aguado y Diego San Román, quienes habrían de lidiar un encierro de la ganadería Los Encinos, en un evento de alta relevancia dentro del calendario taurino nacional.
La resolución judicial que impide la celebración del festejo no surge de una reforma legal, de una prohibición expresa ni de una decisión democrática tomada por los órganos del Estado. Proviene de la concesión de una suspensión provisional dentro de un juicio de amparo, promovido por una organización civil y otorgado por un Juzgado de Distrito en Querétaro. Es decir, una medida cautelar, de carácter temporal, ha sido suficiente para cancelar un espectáculo.
El resultado es contundente: Juriquilla se queda sin toros, no porque exista una prohibición vigente, sino porque el mecanismo del amparo se ha convertido en una herramienta de veto preventivo.
El uso expansivo del amparo: de la protección de derechos a la parálisis de actividades legales
El juicio de amparo nació en México como un instrumento de protección de derechos fundamentales frente a actos de autoridad. Su función histórica ha sido garantizar libertades, no suprimirlas indirectamente. Sin embargo, en los últimos años se observa una tendencia preocupante: el uso del amparo para bloquear actividades lícitas antes de que exista una resolución de fondo, mediante suspensiones provisionales que, en la práctica, producen efectos definitivos.
En el caso de Juriquilla, la suspensión se concede sin que se haya determinado si la tauromaquia es o no contraria al marco constitucional, sin que exista una ley que la prohíba y sin que se haya agotado el análisis de fondo. La medida cautelar actúa como una prohibición anticipada.
El papel de la autoridad municipal
La autoridad municipal de Querétaro, una vez notificada de la resolución judicial, revocó el permiso previamente otorgado. Desde el punto de vista formal, la decisión es comprensible. Sin embargo, el fondo del asunto es más complejo.
El municipio había considerado que el evento cumplía con la normatividad vigente. La revocación no responde a una falta administrativa, sino a una orden judicial externa que altera las reglas del juego a días —o incluso horas— del evento.
Esto genera inseguridad jurídica para empresarios, toreros, ganaderos, trabajadores y para el público. El mensaje es claro: ningún festejo taurino está a salvo, aun cuando cumpla la ley.
Impacto económico y laboral
La cancelación de una corrida no afecta solo a la empresa organizadora. Existe una cadena económica que incluye empleos, servicios, comercio y turismo. En Juriquilla, el cartel auguraba una derrama económica significativa, hoy anulada por una resolución que no pondera el daño colateral.
Un precedente peligroso
Lo ocurrido se suma a antecedentes recientes en otras plazas del país. El patrón es claro: no se prohíbe por ley, se bloquea por juzgado.
La pregunta de fondo no es si se está a favor o en contra de los toros, sino si una sociedad democrática acepta que decisiones de alto impacto cultural y económico se tomen sin debate público, sin legislación clara y mediante suspensiones provisionales.
Juriquilla como símbolo
Juriquilla es una plaza privada, moderna, con historial de cumplimiento normativo. La suspensión no castiga una ilegalidad; castiga la existencia del espectáculo.
Hoy Juriquilla se queda sin toros. Mañana, cualquier plaza puede correr la misma suerte. No por una ley, sino por la vía judicial cautelar.
Los Datos
En los últimos años, diversas plazas de México han enfrentado suspensiones judiciales, aun cuando la tauromaquia no está prohibida.
En la Ciudad de México, la suspensión en la Plaza México derivó también de resoluciones provisionales.
En Aguascalientes, Tlaxcala y Zacatecas, la tauromaquia sigue reconocida como actividad cultural.
