Adriana Matzayani Sánchez Romo
La perspectiva de género ha revolucionado la justicia en ramas como la penal y constitucional, pero el derecho administrativo se ha quedado atrás. Es una realidad inaceptable que debemos transformar. Porque un sistema legal que pretende acercarse a la gente debe trascender la aparente neutralidad de las leyes, para identificar y corregir las desigualdades estructurales que afectan desproporcionadamente a las mujeres.
Lo primero que debemos tener claro es que existe una relación asimétrica entre el estado y los particulares; y que dicha asimetría crece cuando se trata de mujeres. Por ejemplo, cuando las contrataciones públicas privilegian a empresas grandes, se excluye a muchas emprendedoras que no tienen acceso al financiamiento. En general, cualquier decisión de gobierno que no considere las necesidades específicas de niñas, adolescentes y mujeres, podría profundizar las brechas existentes y agravarlas con el tiempo.
Afortunadamente, por su impacto directo en la vida de las personas, el derecho adminitrativo tiene un gran potencial para fomentar la igualdad. La clave está en consolidar el uso de la perspectiva de género en todas las etapas del proceso. Las áreas de oportunidad son numerosas, pero hoy, sólo quiero hablar de tres.
Primero, la formulación de las políticas públicas. Las autoridades deben realizar esfuerzos adicionales para identificar en su diagnóstico las desigualdades existentes. Tienen que recopilar datos desagregados por género y analizar cómo las medidas propuestas afectarían a mujeres y hombres. Y por supuesto que también deberán incorporar voces de la diversidad en la toma de decisiones. Sólo así serán capaces de implementar acciones que, además de cumplir con el propósito para las que fueron diseñadas, nos ayuden a erradicar la desigualdad.
Segundo, la aplicación de decisiones administrativas. Por ejemplo, un aumento generalizado en las tarifas tiende a afectar más a las mujeres, debido a que muchas de ellas están sobrerrepresentadas en los sectores con menores ingresos. Una manera de minimizar el impacto de género de este tipo de medidas sería evaluando sus consecuencias en términos de igualdad. Con estas acciones, también podríamos reducir el número de casos judicializados que se tienen que resolver en tribunales.
Y tercero, la resolución de controversias. Debemos evitar interpretaciones literales de la ley y optar por decisiones que promuevan la igualdad. Una vez que los asuntos llegan a los juzgados, las personas juzgadoras deben incorporar a su análisis las desigualdades estructurales que podrían haber influido en los hechos y valorar si la implementación de una norma afectó de manera desproporcionada a una mujer por su situación de vulnerabilidad.
Sin duda, las y los actores clave en este proceso de transformación jurídica son las personas juzgadoras, quienes tienen en sus manos el poder de visibilizar una problemática que permanece oculta para la sociedad. Para lograrlo, deberán ser capaces de reconocer los estereotipos implícitos en las leyes y en las prácticas administrativas. También tendrán que incorporar a sus análisis los factores que dificultan el acceso de las mujeres a la justicia, especialmente aquellas que no sean de carácter administrativo, como la doble jornada laboral.
Para acercar la justicia a la gente, debemos consolidar el uso de la perspectiva de género en el derecho administrativo. Con ello lograremos identificar y corregir desigualdades que, de otro modo, seguirían inadvertidas. Esa es un responsabilidad que el Poder Judicial debe asumir ya.
Magistrada del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México.