Señal: política y tecnología en la justicia mexicana
Tendencia: incremento en politización, estancamiento tecnológico
México vuelve a discutir su sistema de justicia desde una lógica electoral. Se propone que los jueces, en lugar de ser designados mediante mecanismos institucionales, sean elegidos por voto popular. Esta idea, que apela a una supuesta democratización, evita la conversación verdaderamente urgente: cómo lograr que el sistema judicial sea más eficiente, más transparente y, sobre todo, más justo.
Mientras aquí se politiza la judicatura, en otras partes del mundo se digitaliza. En Nueva Jersey, por ejemplo, un sistema basado en inteligencia artificial permite evaluar el riesgo de fuga o reincidencia de una persona detenida y ayuda al juez a decidir si puede ser liberada antes del juicio. Gracias a esta herramienta, la población carcelaria sin condena se redujo en 36% en apenas dos años. El sistema no reemplaza al juez, pero lo asiste con datos precisos para tomar decisiones más humanas y menos arbitrarias.
En Europa, la Red de Formación Judicial (EJTN) ha desplegado un programa para construir una cultura digital común entre jueces, fiscales y operadores jurídicos. El objetivo no es sólo incorporar tecnología en los tribunales, sino formar a quienes imparten justicia en el uso ético y eficaz de herramientas digitales. La transformación no es sólo técnica, es también cultural.
Colombia ofrece un ejemplo latinoamericano de lo que puede lograrse cuando hay estrategia y liderazgo. La Superintendencia de Sociedades, que regula y supervisa actividad empresarial, migró millones de documentos a la nube, desarrolló modelos de analítica predictiva para detectar riesgos antes de que se conviertan en litigios y puso a disposición de jueces y ciudadanos una herramienta que, con base en antecedentes jurídicos, ayuda a evaluar la solidez de un caso antes de iniciarlo. El resultado: procesos más rápidos, menos cargas innecesarias y una justicia más accesible.
El contraste es evidente. Mientras en el mundo se invierte en tecnología para acercar la justicia a las personas, en México se invierte tiempo y dinero en diseñar reformas que la acercan a la arena partidista. No se trata de negar los problemas del sistema judicial mexicano, sino de dejar de atacarlos con soluciones simbólicas que no resuelven nada.
A esto se suma una paradoja presupuestaria. El Instituto Nacional Electoral solicitó más de 13 mil millones de pesos para organizar la elección judicial de 2025, un monto incluso mayor al de la elección presidencial anterior. Aunque finalmente se autorizó un presupuesto más bajo, de cerca de 7 mil millones, la cifra sigue siendo enorme si se considera que en los últimos cinco años el presupuesto del Poder Judicial ha sido recortado sistemáticamente. Entre 2018 y 2023, pasó de 95 mil a 80 mil millones de pesos, y expertos calculan que esto podría tener un impacto en la desaparición de juzgados de distrito por falta de recursos. No se ha diseñado una política nacional de digitalización judicial, ni se ha invertido seriamente en plataformas digitales, interoperabilidad o justicia en línea. Lo que podría invertirse en modernizar el sistema, se destinará a montar una elección que desperdicia recursos clave sin resolver los problemas estructurales.
Lo que México necesita no es una reforma electoral del Poder Judicial, sino una reforma funcional. No más campañas, sino más código. No más propaganda, sino más interoperabilidad. No más discursos sobre independencia, sino infraestructuras que garanticen eficiencia, transparencia y acceso.
Porque al final del día, lo que está en juego no es cómo elegimos a los jueces, sino si la justicia puede cumplir su promesa. Y esa promesa, hoy más que nunca, pasa por asumir que la tecnología no es un lujo, sino una condición indispensable para que la justicia no sólo se imparta, sino que llegue.
Guillermo Ortega Rancé
@ortegarance
