Angélica de la Peña

México avanzó en fortalecer el Estado de Derecho de las Mujeres en 2007 al entrar en vigor la ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La violencia contra las mujeres no solo se expresa en formas, ahora se tipifica como un delito contra ellas.

Las mujeres por su propia condición, sufren violencia muy distinta a la que sufre el resto de la sociedad. Desde siempre circunscritas al ámbito doméstico por el hombre, quien las ha considerado como parte de su propiedad, deben estar dispuestas a atender al jefe patriarca del entorno familiar; a satisfacerle sexualmente aunque ellas no quieran.

Las mujeres han aprendido a sobrevivir como jefas de familia cuando sin consideración alguna, los hombres las abandonan y se desobligan de las responsabilidades para con sus hijas e hijos. Esta situación es tan común que se ve como algo normal, la mayoría de mujeres en esta situación callan y enfrentan solas la adversidad de la irresponsabilidad de sus ex parejas.

Estas situaciones enraizadas en las sociedades era necesario señalarlo como lo que es, una comportamiento irregular e inaceptable, particularmente cuando un señor pretende andar por la vida como si nada, o asume un encargo público como si fuese el ciudadano ejemplar. Hoy estos comportamientos han sido cuestionados y reconsiderados legal y socialmente.

En la ley había quedado pendiente atender específicamente estas situaciones ilegales consuetudinarias de manera específica. Hombres que gozan de impunidad cuando ejercen violencia doméstica que se perpetra en la intimidad de la familia, cuando se desobligan de la manutención de sus alimentos de sus hijas e hijos; cuando son violentadores de mujeres en el ámbito publico; y que asumen cargos públicos o candidaturas para cargos de elección, cuando no son idóneos porque han sido evidenciados por infringir la ley.

Un encargo público es lo más honroso que una persona puede asumir, así debería ser. Pero eso no se aseguraba, se daba por hecho. De manera que estos tres preceptos que se están integrando en la ley en todos los estados, legitiman el cargo público. Su cometido además de vindicar el derecho de las mujeres a no ser sometidas, de niñas y niños de gozar de los alimentos por parte de sus padres, a no haber sido denunciado como un violentador; también resalta que para servir a la sociedad desde un encargo público, se debe ser un ciudadano apto, incuestionable, probo, confiable. Estas reformas identificadas como la 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, vindican la política.

Deconstruir el androcentrismo, que hasta hace poco, se veía como una virtud de los hombres, y los niños crecían a semejanza de sus padres y abuelos, debe ser erradicado de las sociedades. Estos nefastos comportamientos que se perpetuaban generación tras generación, hoy tendrán un detente desde la ley.

La clave está en retomar la redacción de los preceptos aprobados por el Congreso de Yucatán, que han pasado por el tamiz de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la acción de inconstitucionalidad emprendida, aunque usted no lo crea, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos arguyendo se afecta el derecho al trabajo de los hombres. No cabe duda que en muchos organismos gubernamentales todavía dominadas por el patriarcado sistémico, están sintiendo pasos en la azotea.

Defensora de derechos humanos