GABY SALIDO
El asalto del pasado lunes en un centro comercial, vuelve a poner en el debate público, un tema de importancia para la ciudadanía: la seguridad.
Mientras algunas personas buscan determinar el nivel de responsabilidad de las autoridades, hay quienes preguntan si el tiempo de atención y reacción de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue el adecuado.
Sin embargo, lejos de hacer ese análisis, estoy convencida que los hechos, ponen en evidencia la omisión que el Congreso Federal tiene en materia de seguridad privada.
Actualmente, son más los espacios, lugares públicos, inmuebles, centros comerciales, unidades habitacionales, entre otros, que -después de la pandemia- se encuentran custodiados y vigilados por empresas de seguridad privada.
Quienes forman parte de alguna corporación policial, tienen la obligación como elementos de policía, de seguir los protocolos para actuar en caso de delitos, así como detener y presentar al responsable.
Sin embargo, en el caso de las empresas privadas, lamentablemente no es así, pues no en todos los casos cuentan con capacitación o adiestramiento necesario para atender estos incidentes, a pesar de ser auxiliares directos de la política, en temas de prevención del delito.
De acuerdo con datos del portal de internet de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hasta el 22 de mayo de este año, hay información de 106 empresas registradas para prestar el servicio de seguridad privada.
Si analizamos, es alarmante el caso de 70 empresas, cuyo registro está por vencer en menos de 5 meses, mientras las otras 36 empresas, tendrán vencido su registro durante el 2024.
Por eso es necesario actualizar la ley, para que los servicios de seguridad privada, atiendan adecuadamente la actual dinámica social.
Hace un año, impulsé reformas para establecer un protocolo de atención similar al que utiliza la policía en caso de delitos, así como capacitación y adiestramiento en protección civil, primeros auxilios y gestión de riesgos.
Sin embargo, en la Comisión a cargo de MORENA, esos esfuerzos se diluyeron, y las propuestas fueron desechadas, argumentando que el Congreso Federal se asignó desde 2021, la facultad de emitir la Ley General de Seguridad Privada.
En consecuencia, los Congresos Locales deberán actualizar sus leyes respectivas, pero una vez que se haya emitido la Ley General, obligación que el Congreso de la Unión no ha cumplido.
Gracias a esa omisión, las y los capitalinos, no tenemos una ley a la altura de lo que requerimos para nuestra seguridad.
Por eso, Morena como partido en el poder y mayoría en el Congreso, debe asumir su responsabilidad, pues hace 7 años, la Constitución de la CDMX ordenó fortalecer y garantizar plenamente los derechos de la ciudadanía, y hoy por culpa de la 4T, aún no se logra.
