La historia, a veces, se escribe en cuestión de minutos. Y en Venezuela, esos minutos bastaron para derrumbar —como un castillo sostenido por la propaganda y el miedo— al régimen de Nicolás Maduro. El operativo relámpago de Estados Unidos, que culminó con la captura y extracción del mandatario y su esposa para ser trasladados a una prisión de Nueva York bajo custodia de la DEA, puso punto final a una noche oscura que comenzó con Hugo Chávez y que durante más de dos décadas sometió a un pueblo entero a la persecución, el encarcelamiento, las ejecuciones extrajudiciales y la sistemática violación de los derechos humanos.

La detención de Maduro ocurre, además, tras el desconocimiento del triunfo electoral de Edmundo González, quien debió haber asumido la Presidencia conforme a la voluntad popular, pero fue desplazado por el aparato autoritario que se negaba a entregar el poder. El colapso del régimen no fue, pues, un accidente histórico: fue la consecuencia inevitable de haber llevado al límite la represión y la corrupción.

Entre el escarmiento y el derecho internacional

El mundo reaccionó con estridencia. Las cancillerías se dividieron entre quienes celebraron el “escarmiento” al dictador y quienes advirtieron que la intervención militar y la captura extraterritorial constituyen una peligrosa grieta en el orden internacional.

Y aquí surge la paradoja moral de nuestro tiempo: sí, Maduro merecía responder por sus crímenes; sí, el sufrimiento del pueblo venezolano exigía justicia; pero no hay buena noticia cuando el derecho internacional y la soberanía de una nación quedan supeditados a la fuerza.

Los defensores del operativo argumentan que la comunidad internacional fue incapaz durante años de detener a un régimen perpetrador de atrocidades. Sus críticos, en cambio, temen que el precedente abra la puerta a una era donde la geopolítica se dirima a golpes quirúrgicos, al margen de tribunales y organismos multilaterales debilitados.

México: entre la diplomacia y la presión hemisférica

En México, la reacción no fue menos complicada. La presidenta Claudia Sheinbaum quedó —literalmente— entre la espada y la pared: obligada a condenar la acción de Estados Unidos por la ruta diplomática, pero consciente de los riesgos de confrontarse con Donald Trump, quien no tardó en advertir que regímenes similares al de Maduro “no estarán a salvo” si se alían con el narcotráfico o cometen excesos contra sus pueblos.

Trump no sólo celebró la operación; la convirtió en mensaje político para el hemisferio.

Y como si la historia mexicana no pudiera resistirse al déjà vu, apareció —aunque “retirado”— Andrés Manuel López Obrador, quien desde las redes sociales calificó los hechos como “un secuestro”, evocando la vieja doctrina de la no intervención y lanzando una condena abierta a Washington.

El regreso del “policía del mundo”

Más allá de simpatías o repulsas, la señal es inequívoca: Trump parece dispuesto a restaurar la idea de Estados Unidos como el gran árbitro del continente, el “policía del pueblo”, según lo presentan sus estrategas, para contener gobiernos contrarios a su noción de democracia y, de paso, disciplinar a aquellos que coqueteen con el crimen organizado.

El hemisferio ha entrado, otra vez, en terreno de tensiones morales y estratégicas. La caída de Maduro será celebrada por millones de venezolanos que padecieron el terror de un régimen indolente; pero también quedará flotando una pregunta incómoda: ¿es posible hacer justicia sin erosionar los principios que sostienen el derecho internacional?

Porque si algo nos enseña este episodio es que los tiranos pueden caer de golpe… pero las grietas que deja la fuerza sobre la ley tardan mucho más en cerrarse.