A través de un comunicado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó “su preocupación por los hechos ocurridos ayer (jueves) en el rancho Izaguirre”, y manifestó “un respetuoso pero apremiante llamado a las autoridades del estado de Jalisco, involucradas en las investigaciones, a fin de preservar los indicios, datos de prueba, evidencias y todo aquel hallazgo que permita el esclarecimiento de los descubrimientos efectuados en el predio” de Teuchitlán, Jalisco.

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El organismo pidió “garantizar la debida cadena de custodia que las autoridades están obligadas a cuidar, respetar y privilegiar acorde a lo previsto por Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y por el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas”.

Desde el miércoles 19 de marzo del 2025, relató, “visitadores y peritos de la CNDH llevaron a cabo diligencias de observación y reconocimiento en el lugar asegurado, en coordinación con la fiscalía estatal, para llevar a cabo acciones que, en ejercicio de sus facultades, se está planteando para dar la debida atención al caso”.

Se sabe, subrayó, “que hubo en el lugar un aproximado de 200 personas y 67 medios de comunicación, así como la presencia de personal de Fiscalía del Estado Jalisco (FEJ); la Comisión Local y Nacional de Búsqueda; la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas local; la Fiscalía General de la República, y la Secretaría de la Defensa Nacional, que resguardó la zona perimetral”.
Sin embargo, narró, “ayer los visitadores de la CNDH presentes en el sitio atestiguaron cómo se rompió el cerco de protección y protocolos básicos de resguardo ministerial establecidos, a cargo de la Fiscalía General de Jalisco, comprometiendo la investigación y la búsqueda mismas; por lo que se atendió y orientó a familiares de personas desaparecidas que se encontraban en el rancho”.

En ese sentido, la CNDH expresó “su preocupación por el manejo de información alarmista y confusa, que en nada abona al esclarecimiento de los hechos y peor aún, revictimiza a familiares de personas que eventualmente pudieron haber permanecido en el rancho”, y enfatizó que es “fundamental que se establezca la plena transparencia en la información pública sobre el caso, y también mantener un registro que contenga tanto la identificación de las personas que intervengan en la cadena de custodia como en la totalidad de los hallazgos encontrados en el predio”.