ROBERTO REMES TELLO DE MENESES
La contraloría no cumple su propósito de combatir la corrupción de manera efectiva. A lo largo de mi experiencia en el gobierno, he sido sometido a innumerables auditorías y he presenciado el trabajo de las contralorías. Sin embargo, en lugar de ser un instrumento de control y transparencia, estas instituciones se convierten en una molestia burocrática que tiene un impacto mínimo en la lucha contra la corrupción.
He recibido decenas de auditorías, cientos de fojas con recomendaciones, citatorios, he sido parte en distintos procedimientos administrativos, me han denunciado y he denunciado. He visto funcionarios inhabilitados y, hasta el momento, llevo un expediente impecable. No obstante, a pesar de que dejé la Autoridad del Espacio Público el 31 de diciembre de 2018, todavía quedan algunos expedientes abiertos.
De hecho, en los últimos días he tenido que visitar una de estas dichosas contralorías. Empezando el mes de mayo recibí un citatorio acompañado de un expediente de 300 hojas, al final del cual había un dictamen en el que se concluía “sanción no grave”. Como los expedientes jurídicos se leen de atrás para adelante, primero leí la parte más emocionante, como el inicio de Corazón tan blanco, de Javier Marías, que comienza con el suicidio de la protagonista y sólo hasta que agota las páginas, el lector entiende la causa.
Como he sido crítico con el Gobierno de Claudia Sheinbaum, mi interpretación inicial y la de algunos conocidos con los que conversé, es que la posible sanción es política. Un abogado discrepó: tu expediente tiene tantas deficiencias que claramente no es político. Más allá de si soy culpable o no, lo que tenemos es que servidores públicos de la contraloría dedican días a engordar un expediente … que prescribió hace más de un año, sin generar una relación causal entre los actos del burócrata y la sanción o su aprendizaje.
Yo puedo saberme inocente y al final de cuentas ser sancionado. A las contralorías les gustan los números y decir que sancionaron enemil funcionarios los llena de orgullo, así luego se les caigan los procedimientos en el Tribunal de Justicia Administrativa.
No soy yo el único funcionario que regresa al Órgano Interno de Control de su dependencia. Quien ejerció recursos, quien dio autorizaciones, quien llevó obra pública, adquisiciones, contrataciones, inspecciones, entre otras funciones, recibe su calendario cada año. En teoría, esto debe dar lugar a un manejo más cuidadoso de la administración; sin embargo, en muchos casos, más bien desalienta la toma de decisiones.
El gran problema es que las contralorías cuestan mucho más de lo que dan, porque están tan enfocadas a sus propios formalismos que jamás contribuyen a facilitar la misión de las dependencias observadas y, como ya lo mencioné, tampoco construyen una relación causal directa entre el mal desempeño y la sanción, o incluso entre el buen desempeño y el reconocimiento.
Se necesita una reforma al sistema de contralorías que las haga mucho más prácticas y expeditas, que simplifique las sanciones, que haga que realmente cualquier peso ejercido pueda ser revisado y comparado por cualquier persona, incluso en tiempo real, y no bajo métodos muestrales de auditoría. Lo que hoy tenemos no sirve para desarrollar una mejor administración pública. Tener a exfuncionarios vuelta y vuelta con expedientes enormes cuesta recursos públicos y no transforma el ejercicio público.
