Bajar la base para indemnizaciones por muerte, avalar el bloqueo de cuentas sin orden judicial previa, ponerle fecha límite al castigo por peculado y permitir el regreso de un perfil que había sido separado tras el mal uso de instalaciones públicas.

Esas han sido algunas de las recientes decisiones del nuevo Poder Judicial que apenas lleva menos de un año en funciones. Si esa es la justicia del pueblo y para el pueblo, no me quiero imaginar lo que vendrá después.

¿CUÁNTO VALE UNA VIDA?

El primer caso es sobre las indemnizaciones por muerte. El pleno resolvió que la base ya no será el salario mínimo, sino la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Esa unidad sirve para actualizar multas y otras referencias administrativas. En 2026 la UMA diaria quedó en 117.31 pesos, mientras el salario mínimo general llegó a 315.04.

Al decidirse por la UMA, baja la reparación para las familias. Hablamos de una reducción de 62.8%. El proyecto fue elaborado por Lenia Batres. El caso surgió por la muerte de una persona en un atropellamiento. Un tribunal dijo que la indemnización debía calcularse con UMA, aunque la ley capitalina la establecía con salario mínimo.

BLOQUEO DE CUENTAS

Otra decisión polémica fue avalar la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial previa.

La mayoría defendió esa medida como una acción administrativa preventiva y no como un castigo o una declaración de culpabilidad. Con esa lógica, la UIF puede inmovilizar recursos con “indicios suficientes” sobre lavado de dinero. En este caso, la ministra Yasmín Esquivel advirtió que esa medida afecta la propiedad privada.

Al final, la persona afectada tendrá que enfrentar primero el daño patrimonial y litigar después. Algo que se resolvería en meses, o hasta años.

CASTIGO CON PLAZOS

El pleno también resolvió que el peculado tipificado en Colima no puede ser imprescriptible. De acuerdo con la Corte, mantener abierta de manera indefinida la amenaza penal vulnera la seguridad jurídica.

En pocas palabras, dijeron que no debe pesar la amenaza “eterna” de ser investigado y sancionado para el involucrado. Pero esta decisión también manda otro mensaje, y ese es que si pasa el tiempo suficiente, una persona puede escapar de la justicia sin importar el daño causado al patrimonio público, al patrimonio de todos.

Y es que el expediente refería el presunto desvío de más de 25 millones de pesos por parte de seis exfuncionarias que debían destinarse a salarios y prestaciones laborales en Villa de Álvarez. Ahí Lenia Batres advirtió que tipificar la corrupción sin prescripción puede “permitir la venganza política”.

REGRESO TRIUNFAL

Lizeth Karina Villeda García participó en la pasada elección judicial. Después fue directora general del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la SCJN. Más tarde renunció tras una columna de Peniley Ramírez en Reforma por la publicación de videos grabados desde oficinas judiciales para promover su faceta de coaching.

Pues ayer circuló un oficio donde el Órgano de Administración Judicial, encargado de los recursos humanos, económicos y administrativos, la nombró secretaria ejecutiva de la Comisión de Carrera Judicial y Especialización. Es decir, pasó del coaching a la formación profesional de los cuadros del Poder Judicial.

En fin. Así se va dibujando una nueva justicia que carga más contra los ciudadanos y concede más margen a quienes ya tienen poder. Cambiar, para no cambiar nada.

EL DATO INCÓMODO

En Morena ya arrancó la temporada de licencias para buscar el siguiente hueso. La primera fue Andrea Chávez rumbo a Chihuahua, pero vienen más. Las campañas adelantadas ya están muy normalizadas dentro de la política mexicana.