El Sistema Nacional Anticorrupción nació con una promesa grande: coordinar a las instituciones del Estado para prevenir, investigar y sancionar la corrupción. No como discurso, sino como política pública.
Se creó en 2015 con una reforma constitucional y leyes secundarias en 2016. Cambió muchas cosas en el papel.
Se creó un Comité de Participación Ciudadana, integrado por cinco personas sin cargo público. Se sentó en la misma mesa a la Auditoría Superior, la Fiscalía Anticorrupción, la Función Pública, el Tribunal de Justicia Administrativa y otros órganos. La idea era que nadie combatiera la corrupción solo y que la ciudadanía tuviera voz.
Desde el arranque hubo problemas. No se nombró a tiempo al fiscal anticorrupción ni a los magistrados especializados. El sistema nació incompleto. Y así se quedó.
SISTEMA QUE NO CASTIGA
Los números explican el fracaso. En 2025, México cayó al peor puesto de su historia en el Índice de Percepción de Corrupción, que evalúa a 180 países. Aparecimos junto a países como Iraq, Uganda y Nigeria.
Las leyes existen. Las sanciones están previstas. Pero no se aplican.
Parte del problema es que el sistema nunca fue prioridad. Peña Nieto lo creó bajo presión social, pero lo dejó sin nombramientos clave. López Obrador lo despreció abiertamente. Redujo presupuesto, lo marginó de su narrativa y apostó por un combate a la corrupción desde Palacio, con pañuelo blanco en mano.
Hoy el SNA funciona con recursos mínimos. Con eso se pretende coordinar a cientos de dependencias y miles de procesos.
LA VOZ INCÓMODA
En medio de esa parálisis, Vania Pérez Morales, presidenta del Comité de Participación Ciudadana, buscó hacer lo que el sistema prometía. Señalar omisiones.
En diciembre de 2025 presentó una denuncia contra David Colmenares, auditor superior de la Federación. Lo acusó de incumplir sus obligaciones, de no convocar al Sistema Nacional de Fiscalización desde 2019 y de permitir acciones ineficaces contra la corrupción.
Antes, en octubre, el propio comité que ella presidía pidió investigar posibles incongruencias en las declaraciones patrimoniales de Adán Augusto López. El pronunciamiento fue bajado de redes horas después. Vania denunció presiones internas y externas. El mensaje desde el poder fue evidente. Si el sistema apunta hacia arriba, se vuelve incómodo e innecesario.
EL FINAL
El próximo capítulo de la crisis tiene fecha. El 28 de enero de 2026.
Ese día termina el periodo de Vania Pérez. El Comité de Participación Ciudadana ya tiene vacantes que el Senado no quiso cubrir. Desde 2019 no se nombran nuevos integrantes. La Comisión de Selección dejó de existir y nunca se renovó.
Cuando Vania salga, sólo quedarán dos integrantes. No habrá quórum. No podrán sesionar. No podrán votar. No podrán convocar al sistema. El órgano ciudadano quedará paralizado.
Y no es un accidente. El Senado, hoy encabezado por Adán Augusto, tiene la facultad de destrabar los nombramientos. No lo ha hecho.
¿QUÉ QUEDA?
La nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno es la encargada de vigilar a los funcionarios. Pero también absorbió las tareas del Inai. Más funciones, mismo presupuesto.
La anticorrupción y la transparencia quedaron concentradas en el Ejecutivo. Sin órgano autónomo. Sin contrapeso ciudadano. Sin sistema de coordinación real.
El Sistema Nacional Anticorrupción murió en cámara lenta de manera solitaria. En unas semanas, México tendrá leyes anticorrupción, pero no sistema. Instituciones, pero no coordinación.
EL DATO INCÓMODO
La Red Nacional de Refugios advirtió que el aumento presupuestal a refugios para mujeres en 2026 será de sólo 2%, no de 3.21% como anunció el gobierno. Además, el presupuesto se repartirá entre más espacios, pese al alza en la demanda.
