A pesar de que en lo que va del año las finanzas públicas van en línea con el objetivo de reducir el déficit, aún es un tema de preocupación, aseveró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

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Y es que, señaló en su análisis semanal, los niveles de deuda siguen aumentando, toda vez que, al cierre de junio de este año, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (SHRFSP), que es el concepto más amplio de deuda, sumó 17.8 billones de pesos, 1.8 billones más que en igual mes del año pasado.

Mientras que, en términos per cápita, la deuda por habitante se ubicó en 135 mil pesos, 9.6% por arriba del año pasado, pero casi 60% superior a su nivel reportado al cierre de 2018.

En este contexto, también observa que la percepción sobre la situación de la economía no es muy favorable, pues de acuerdo con los resultados de la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, toda vez que, en cuanto a la percepción del entorno económico, el 98% de las respuestas considera que actualmente la economía está peor que hace un año.

Pero el 83% señala que el clima de negocios en los próximos seis meses se mantendrá igual o empeorará y el 70% considera que la coyuntura actual es un mal momento para invertir.

Asimismo, los especialistas consideran que factores internos como la ausencia de estado de derecho, inseguridad y corrupción, así como externos como la política arancelaria de los Estados Unidos, mantienen elevada la incertidumbre empresarial y del consumidor, lo que incide directamente en los principales motores del crecimiento, esto es la inversión y el consumo.

En el tema del debilitamiento de la inversión, el CEESP considera que un factor relevante es la caída de la inversión pública que, con base en cifras originales, en mayo registró una disminución anual de 25.8%, con lo que acumuló 13 meses consecutivos a la baja. “Es evidente que el reducido gasto del gobierno en infraestructura inhibe la inversión privada”.

Por el lado de la inversión privada, además del impacto de la caída de la inversión del sector público, refleja en buena medida los efectos de factores internos como la ausencia de estado de derecho, inseguridad y corrupción, aumentando la cautela para realizar inversiones. En mayo, la inversión privada se contrajo 4.9%, “con la posibilidad de que mantenga su tendencia descendente iniciada a finales del 2023, al igual que la pública”.

De esta manera, la inversión total reportó una baja anual de 7.1%, acumulando nueve meses consecutivos con variaciones negativas.

“Esto sin duda limita la creación de empleo formal de calidad, inhibiendo una mejora en el bienestar de los hogares, como lo muestran los indicadores del INEGI, que reportan que en el segundo trimestre del año el porcentaje de población en pobreza laboral aumentó marginalmente 0.1 puntos porcentuales respecto al trimestre previo al pasar de 35.0% a 35.1%”.

De esta forma, “las expectativas de crecimiento para este año no son muy alentadoras y se complican aún más al tener que enfrentar retos como los efectos de la reforma judicial y las políticas comerciales instrumentadas por los Estados Unidos”, señala el organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).