El inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum quedó marcado por la incapacidad de frenar los caprichos de su antecesor. Este legado ha dinamitado al Poder Judicial de la Federación y ha socavado la posibilidad de construir un gobierno republicano y democrático. La agenda del Gobierno parece estar enfocada en desaparecer instituciones incómodas al poder y no en construir y mejorar el aparato público. La pregunta que surge es: ¿cómo navegará la Presidenta este mar de encrucijadas?
La permanencia del régimen no puede sostenerse solo desmantelando instituciones. La estrategia de reformas y desaparición de órganos, organismos, instituciones e incluso poderes debe ir acompañada de propuestas y alternativas viables. En la práctica, el Gobierno controla las noticias y la información según su conveniencia. La encrucijada llegó más pronto de lo planeado: decidir si el próximo sexenio se enfocará en destruir o en construir.
En materia de finanzas públicas, más allá de los discursos oficiales sobre su excelente salud, la realidad apunta a una crisis fiscal inminente. México se enfrenta a un desafío económico mayúsculo: la falta de recursos públicos alineada con un déficit cercano al 6% del PIB. La administración de Sheinbaum hereda un desbalance fiscal, el más pronunciado de los últimos 36 años.
Sin una reforma fiscal sustancial, los recursos disponibles para inversión e infraestructura serán limitados. La Presidenta ya anunció cuáles serán algunas de las obras prioritarias de su gestión: el Tren México-Querétaro, la expansión del Tren Maya hacia Puerto Progreso, Yucatán, y la creación de un complejo de economía circular en Tula, Hidalgo, así como un tren de pasajeros. Un buen comienzo fue iniciar con los estudios necesarios para realizar las obras, un costoso error que a su antecesor no le preocupó. La irresponsabilidad fiscal de los dos últimos años ganó las elecciones, pero comprometieron el erario público para esta administración.
Los efectos de la reforma al Poder Judicial apenas comenzarán. La imagen de la “lotería judicial” será imposible de justificar o defender. Las reformas chocarán con la necesidad de una mayor participación del sector privado y de dar certeza a la inversión requerida para aliviar las arcas públicas. Las medidas de austeridad no alcanzan a equilibrar el manejo de los recursos. La apropiación o reducción de los recursos del Poder Judicial de la Federación y de los organismos autónomos son equivalentes a menos del 2% del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que tampoco son significativos para cubrir el boquete fiscal.
Aunque todo apunte a lo contrario, esperemos que las reformas constitucionales y legales no terminen en un desastre inmanejable para el Gobierno. Y peor aún, afectando la vida de millones de mexicanos. La administración de Sheinbaum deberá encontrar soluciones innovadoras y efectivas para superar este obstáculo monumental. Solo el tiempo revelará si podrá convertir esta crisis en una oportunidad y dirigir su administración hacia la construcción y la promoción del bienestar social y económico del país. Por lo pronto, la tómbola está echada.
P.D. Mi más sincero apoyo a las juezas y jueces, magistradas y magistrados, que por mérito, dedicación y amor a México dedican su vida a la impartición de justicia.
Maestro en políticas públicas y profesor universitario
@ManuGuadarrama
