La renuncia de Alejandro Gertz Manero no cierra simplemente un ciclo administrativo, sino una de las etapas más controvertidas en la historia reciente de la Fiscalía General de la República. Su gestión —según amplios sectores académicos, jurídicos y políticos— estuvo marcada por decisiones opacas, litigios personales convertidos en asuntos de Estado, cruzadas selectivas y una profunda incapacidad para dotar a la FGR de la autonomía que la Constitución pretendió garantizar.
De la promesa de independencia al desgaste irreversible
Desde su llegada, Gertz asumió el cargo con un discurso de independencia que se fue desdibujando conforme avanzaba su mandato. Los cuestionamientos se acumularon: investigaciones que parecieron moverse al ritmo de las conveniencias políticas, casos emblemáticos mal integrados, filtraciones interesadas y episodios que abrieron dudas razonables sobre el uso faccioso de la institución. Más que un fiscal autónomo, Gertz proyectó la imagen de un funcionario con tendencias personalistas, dispuesto a movilizar recursos institucionales en litigios propios y poco preocupado por fortalecer la profesionalización del Ministerio Público.
Una salida empujada desde Palacio Nacional
La renuncia llega, de acuerdo con diversas fuentes políticas, empujada por presiones desde Palacio Nacional. No por convicción. No por autocrítica. Y no por reconocimiento alguno del desgaste institucional que causaron sus decisiones. Quienes conocen de cerca el proceso coinciden en que Gertz se resistió hasta el último resquicio. Su salida, entonces, no es un gesto de responsabilidad, sino la culminación forzada de un ciclo ya insostenible.
Una Fiscalía debilitada y desconectada
El vacío que deja no es menor. Durante su administración, la FGR perdió cohesión interna, debilitó áreas tácticas clave y dejó sin resolver investigaciones de alta relevancia para el país. Las prioridades fluctuaron entre lo político, lo mediático y lo personal; mientras tanto, las víctimas seguían sin respuestas y la criminalidad avanzaba con litigación deficiente y estructuras ministeriales rebasadas. En vez de consolidar una institución moderna, Gertz deja una Fiscalía fatigada, cuestionada y desconectada de la ciudadanía que debería servir.
El relevo: dudas sobre autonomía
El relevo inmediato recae en Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia y figura de absoluta cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum. Su nombramiento como encargada de despacho, lejos de disipar inquietudes, abre nuevas interrogantes. Godoy arriba con el respaldo político del Ejecutivo y con una trayectoria claramente asociada al proyecto gobernante. Para muchos, esto no garantiza la autonomía indispensable para una Fiscalía que debe actuar ajena a intereses partidistas. Si bien el nombramiento de Godoy es para un interinato, su nombre suena fuerte para integrar la terna que enviará la Presidenta al Senado para definir quién será el nuevo fiscal.
Lo que debe hacerse para recuperar confianza
La cercanía política no determina el futuro de la institución. Lo que sí lo hará son sus acciones. Si Ernestina Godoy pretende construir confianza en una FGR golpeada, deberá iniciar una reconstrucción profunda, visible y verificable. Entre los pasos que especialistas consideran impostergables están: blindar la FGR del influjo político, revisar expedientes emblemáticos de la era Gertz, corregir omisiones y abusos, profesionalizar ministerios públicos y peritos, rendir cuentas claras de manera periódica e impulsar una reforma interna que actualice procedimientos y recupere la ética institucional.
Más que un cambio de nombre, un cambio de rumbo
La salida de Gertz no es el final de un problema; es apenas el cierre de un capítulo. Lo que sigue determinará si la FGR transita hacia una verdadera independencia o si continúa atrapada en la lógica de los intereses políticos que tanto daño han hecho a su credibilidad. En un país donde la justicia suele llegar tarde —o no llegar—, la Fiscalía no puede seguir siendo rehén de sus titulares. Y menos aún de sus silencios. Gertz deja una institución debilitada; Godoy de manera inmediata —y quien sea nombrado nuevo fiscal— tiene la obligación de demostrar que ese deterioro no será permanente.
