El SAT retiró el carácter de donatarias a más de 200 organizaciones civiles. Eso significa que personas o empresas que hagan aportaciones ya no podrán deducirlas de sus impuestos.

No desaparecen, pero pierden una parte clave de su financiamiento y, con ello, margen de operación e independencia.

Esto ocurrió en paralelo a otro hecho. Una asociación promovida por López Obrador para recibir donaciones destinadas a Cuba obtuvo su autorización como donataria en alrededor de 20 días. Ese plazo contrasta con procesos que, según registros y reportes, suelen tardar meses o incluso años.

EL NUEVO FILTRO

Para mantener o renovar la autorización, el SAT ahora pide un documento emitido por una autoridad pública que confirme que la organización realiza las actividades que declara. Eso implica que una dependencia del gobierno debe validar el trabajo de la organización.

Prácticamente se pide que el vigilado autorice al vigilante. Y es que muchas organizaciones se dedican a investigar, evaluar o señalar fallas del propio gobierno. Con este esquema, esas mismas autoridades se convierten en quienes deben darles el visto bueno.

El problema no es que el SAT exija requisitos. La deducibilidad es un beneficio fiscal condicionado. El problema es que el requisito depende de la autoridad que, en muchos casos, es objeto de investigación por esas mismas organizaciones.

Casos de organizaciones como México Evalúa o el IMCO aparecen en listados oficiales de revocación. En Morelos, una organización que ha investigado la gestión de Cuauhtémoc Blanco perdió su registro por no contar con esa carta.

EL DESMARQUE

La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el tema. Señaló que se trata de una decisión técnica del SAT y que no conocía el detalle de las organizaciones afectadas. También mencionó el posible problema del financiamiento extranjero. Es difícil de creer que una decisión así no tenga visto bueno presidencial.

El SAT defendió el procedimiento con base en cumplimiento de requisitos y derecho de audiencia. Sin embargo, investigaciones periodísticas documentaron que el nuevo requisito operó sin una ruta clara en todos los casos.

También se registraron situaciones en las que documentos fueron rechazados porque la autoridad emisora no tenía atribuciones, aun cuando otras dependencias habían validado previamente a las organizaciones.

En los hechos, complicaron el laberinto administrativo que enfrenta sociedad civil.

DOBLE VARA

Mientras organizaciones reportan trámites largos que duran meses o hasta años, la asociación vinculada al expresidente obtuvo autorización en semanas. Esto exhibe un evidente trato preferencial.

Y no es exclusivo de México. En otros países se han aplicado mecanismos similares. En Rusia se creó la figura de agentes extranjeros para organizaciones con recursos del exterior. En Hungría se impusieron registros adicionales. En India se han cancelado permisos para recibir financiamiento internacional.

En todos esos casos no se prohíbe directamente la existencia de organizaciones. Pero sí se limita su operación mediante reglas administrativas, restricciones de recursos y nuevas validaciones estatales.

Así, la guerra morenista contra la sociedad civil no se ejerce con censura directa, sino mediante trámites y requisitos. Las organizaciones pueden seguir existiendo, pero con menos financiamiento, mayor dependencia del gobierno y menor capacidad para investigar, evaluar o cuestionar decisiones públicas.

EL DATO INCÓMODO

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Guardia Nacional multa hasta con 60 mil pesos a conductores de apps por recoger pasajeros. En promedio sancionan 20 al día y pueden llevarse el auto al corralón. Mientras no hay acuerdo con autoridades a unos meses del Mundial, los usuarios pagan más y tienen menos opciones de transporte.