La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, aseguró que la independencia judicial es un derecho de todas las personas y por tanto “es un derecho del pueblo”.
Al inaugurar el Encuentro Internacional sobre Independencia Justicia: reflexiones desde la Judicatura, insistió en que en la Constitución está consagrado el derecho a la justicia y en este marco es evidente la relevancia de la independencia judicial como elemento indispensable para garantizar el sostenimiento y fortalecimiento de los estados democráticos de derecho y, por ende, y fundamentalmente, de la debida garantía y protección de los derechos humanos de todas las personas.
“Nadie tiene la bola de cristal de lo que ocurrirá en el porvenir, y, menos aún, si no se cuenta con un diagnóstico serio y pormenorizado sobre el significado y la enorme trascendencia de la independencia judicial que, insisto, no es un privilegio de quienes impartimos o de quienes lleguen a impartir justicia, sino que es un derecho humano de todas las personas y con mayor relevancia de las personas y grupos más vulnerables”, dijo ante diputados federales, senadores, jueces, académicos y diplomáticos.
En la víspera de que la Cámara de Diputados emita el dictamen de la Reforma Judicial, refrendó que la democracia implica, gobernar una comunidad de ciudadanos en libertad, incluyendo mayorías y minorías, y ningún estado de cosas puede suponer un dominio para derrotar o sepultar los derechos fundamentales, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos de todo ser humano.
Recordó que el Estatuto del Juez Iberoamericano dispone, como garantía para los justiciables, que los jueces sean independientes en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y se encuentren tan sólo sometidos a la Constitución y a la ley, con estricto respeto al principio de jerarquía normativa y se enfatizó que los otros poderes del Estado y, en general todas las autoridades, instituciones y organismos nacionales o internacionales, así como los diferentes grupos de organizaciones sociales, económicos y políticos, deben respetar y hacer efectiva la independencia de la judicatura.
“Una democracia, tal como lo dispone nuestra ley suprema, nuestra Constitución, es un sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de nuestro pueblo, en esas búsquedas del mejoramiento constante, la independencia judicial ocupa un lugar de la mayor relevancia, preservemos la independencia judicial es nuestro patrimonio, es un patrimonio de la humanidad. La independencia judicial es un derecho de todas las personas, es un derecho del pueblo”, concluyó.
