Ni la inversión extranjera directa (IED), ni la inversión pública -la que ejerce el gobierno de México-, son las más importantes para la economía del país, es la inversión que ejerce la iniciativa privada nacional, de ahí que el gobierno federal debe dar certeza jurídica a este sector, más aún cuando, a pesar de haber pasado ya el primer sexenio del cambio, prevalecen la corrupción y la inseguridad en prácticamente todos los niveles de gobierno.

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Y es que, para que la economía crezca al 5.0% se requieren niveles de inversión superiores al 25% del Producto Interno Bruto (PIB) de manera sostenida.

Ese porcentaje en dólares hoy representa aproximadamente 465 mil millones de dólares, y si se descuenta la inversión extranjera directa (IED) de 36.9 mil millones de dólares y la inversión pública de 53.2 mil millones de dólares, la inversión privada total nacional sería de 375 mil millones de dólares, esto es, más de 10 veces la IED.

“Por eso y con base en los números anteriores es indudable que, para impulsar la inversión privada nacional, la más importante para el crecimiento del país, es indispensable redoblar esfuerzos para asegurar un ambiente de certeza jurídica, un entorno en donde la corrupción e inseguridad no sean factores que determinen las decisiones de invertir y un esquema fiscal que se convierta en un incentivo para canalizar mayores recursos a la actividad productiva”, señaló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

En su análisis semanal, el organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseveró que “la coyuntura ha puesto en riesgo la participación del pilar principal de la recuperación, crecimiento y desarrollo de la economía en el corto, mediano y largo plazos, que es indudablemente la inversión privada“.

Agregó que la actividad económica se está desacelerando, en parte por la incertidumbre sobre la fortaleza del estado de derecho por la próxima elección de integrantes del Poder Judicial, así como por la corrupción, la impunidad, la inseguridad y los problemas de regulación, entre otros factores negativos que continúan ganando terreno y limitan la posibilidad de un entorno más propicio para los negocios; y se suma la creciente incertidumbre por los efectos adversos de la política arancelaria de los Estados Unidos.

“Es claro que la combinación de una tasa de crecimiento a la baja y un balance de riesgos institucionales y de comercio exterior al alza genera un ambiente de creciente incertidumbre y, naturalmente, de mayor cautela de los inversionistas”, agregó el CEESP.

Señaló que es un hecho que para que la economía crezca se requiere inversión, y para impulsarla es indispensable un ambiente de certeza jurídica, un entorno en donde factores como la corrupción e inseguridad no sean elementos que determinen las decisiones de invertir.

Y si bien no hay duda de que la inversión del sector público tiene un papel muy importante al complementar e impulsar a la privada, permitiendo mayor competitividad y productividad, el gobierno ha privilegiado el gasto corriente dirigido a una importante cantidad de programas sociales que tienen poco impacto en el acervo de capital, así como en el crecimiento de mediano y largo plazos, en la reducción de la desigualdad y en la generación de mayor empleo, puntualizó.