La Comisión de Protección de Datos de Irlanda impuso una multa de 530 millones de euros a TikTok. La sanción se basa en una violación al Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), luego de confirmarse que la aplicación transfirió información de usuarios europeos a servidores ubicados en China sin ofrecer garantías equivalentes de protección. La investigación también reveló que TikTok negó en múltiples ocasiones esos movimientos de datos, para luego reconocerlos durante el proceso, alegando que se trató de un “error”.
No se trata simplemente de una infracción administrativa. Se trata de un precedente jurídico que formaliza una desconfianza creciente, toda vez que la Unión Europea, a través de una autoridad independiente, puso en evidencia que una de las plataformas más influyentes del mundo -utilizada por mil 500 millones de personas globalmente- mintió de forma sistemática sobre el destino de los datos personales que recoge. Esa confirmación tiene efectos que trascienden a Europa: la desconfianza ya no es ideológica ni preventiva. Es legal. Es institucional. Y, sobre todo, está documentada.
Ese precedente ayuda a entender por qué, al otro lado del Atlántico, las autoridades estadounidenses habían endurecido su postura. El 17 de enero de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos ratificó una ley federal que prohíbe la operación de TikTok, salvo que sea vendida a una empresa no sujeta a control del Estado chino. En su fallo, el tribunal subrayó que ByteDance, la empresa matriz con sede en Pekín, está legalmente obligada a cooperar con los servicios de inteligencia del gobierno chino. Esa condición, sumada a la recolección de datos -ubicación, historial de navegación, mensajes privados, contactos, dispositivos-, bastó para considerar que la plataforma representaba un riesgo real para la seguridad nacional.
Sin embargo, la plataforma continúa operando. Apenas asumió su cargo, el presidente Donald Trump diseñó un impasse jurídico que ha permitido a TikTok mantenerse activa; aun con la ley aprobada por el Congreso se mantiene vigente. Entre las hipótesis que explican esa concesión se encuentra el papel clave que tuvo la aplicación como canal de propaganda política durante la campaña electoral que lo regresó al poder. Datos poselectorales reflejan que los votantes jóvenes se vieron influenciados favorablemente por el discurso trumpista, ampliamente amplificado en TikTok.
Lo que revelan ambos casos -el europeo y el estadounidense- es que TikTok ha entrado en una zona de sospecha estructural. El debate ya no gira en torno a si la plataforma podría ser un riesgo. Las evidencias acumuladas muestran que lo es. La autoridad regulatoria irlandesa verificó que TikTok actuó en contradicción con su discurso público y opera bajo una arquitectura jurídica que le obliga a responder ante un régimen sin transparencia ni contrapesos.
TikTok no necesita censurar contenidos para moldear conducta. Le basta con decidir qué se amplifica, qué se invisibiliza y qué se vuelve viral. La preocupación de fondo no se limita al contenido, sino a una arquitectura algorítmica opaca, que jerarquiza sin supervisión democrática ni control público. En términos técnicos, es una aplicación de entretenimiento. En términos políticos, es una infraestructura de influencia alojada bajo jurisdicción extranjera.
El precedente europeo podría modificar el clima internacional en torno a la plataforma. Lo que antes eran advertencias, hoy son hechos comprobados. Ya no se discute si TikTok espía. Se constata que no se le puede creer. Al menos, no lo suficiente.
