RICARDO MONREAL
Hace algunos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió invalidar el decreto aprobado por el Poder Legislativo de la Unión, relativo a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocido informalmente como Plan B. Esta acción se dio, de acuerdo con las y los nueve ministros que votaron por ella, debido a graves violaciones al proceso legislativo establecido.
Ante este fallo, nuestro compromiso con la división de poderes es y será siempre permanente e inamovible, pero en democracia cualquier autoridad del Estado se encuentra sujeta a la crítica, al debate, al escrutinio públicos. En el caso del sistema judicial, existe el derecho de cuestionar la autoridad moral de jueces y ministros pues hay intereses que presionan a esta élite para tomar determinadas decisiones como lo señalé ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
En cualquier caso, he manifestado la necesidad de reformar un poder que a través de los años ha estado distante de los intereses reales del pueblo de México. Han existido algunas resoluciones de la SCJN que a pesar de que han sido legales y han cumplido con todas las formalidades jurídicas del caso son sentidas como injustas por la mayoría de la población.
Por otra parte, se debe subrayar que las y los magistrados de la SCJN, que son designados por el Senado de la República de entre la terna que someta a su consideración el presidente de México, asumen una responsabilidad democrática frente a esta representación parlamentaria y frente al pueblo.
Ninguna persona funcionaria pública debe permanecer ajena a la realidad que vive nuestro país, por ejemplo, en lo relativo a la política de austeridad republicana implementada por el Gobierno de México, que ya es seguida —incluso— por órganos autónomos, y cuyos ahorros se destinan a programas sociales, de infraestructura y de seguridad, entre otros.
No obstante, y como ha referido el presidente Andrés Manuel López Obrador, si las y los ministros de la SCJN violentan el artículo 127 constitucional, el cual establece que ninguna persona servidora pública podrá ganar más que el titular del Ejecutivo federal, entonces siguen existiendo privilegios para unas y unos cuantos en un país en donde se profundizó la pobreza por la aplicación, durante 36 años, de una política neoliberal, concentradora de riqueza.
Ante esta realidad, las y los ministros gozan un conjunto de privilegios que los sitúan como una casta dorada que no cabe en un República. Estamos hablando de sueldos de trescientos mil pesos mensuales; aguinaldo de casi 600 mil; un fondo para comer en restaurantes de lujo por ochenta mil pesos mensuales; prima vacacional cercana a los cien mil pesos; un comedor especial en el que pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas; así como un presupuesto de 5,5 millones de pesos por mes para contratar personal, entre otros privilegios.
En esta coyuntura, una reforma a la SCJN y al Poder Judicial cobra relevancia particular. Se trata de discutir cómo ambas instancias pueden ser más accesibles a la ciudadanía y más cercanas a las realidades sociales, así como buscar que la impartición de justicia, pronta y expedita, sea una realidad. Incluso, no se descarta la posibilidad de recibir, en algún momento, en el Congreso de la Unión una iniciativa para llevar a cabo una reforma al Poder Judicial, la cual pueda incluir la elección de las y los magistrados de la SCJN por medio del sufragio universal y directo.
Y es que, en democracia, todos los temas pueden y deben ser discutidos. En ese sentido, es y será la voluntad de la mayoría ciudadana que decidirá en última instancia sobre el destino de los mismos. La discusión democrática de una reforma a la SCJN y al Poder Judicial no es ni debe de ser la excepción.
ricardomonreala@yahoo.com.mx
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA
