Este lunes arrancó oficialmente Transparencia para el Pueblo. Lo anunciaron como una nueva era. En realidad, fue el entierro definitivo del Inai. El gobierno de Claudia Sheinbaum sustituyó al órgano autónomo de transparencia por una dependencia subordinada a la Presidencia. Lo que antes era contrapeso, ahora es obediencia.
Y lo más simbólico: no han presentado formalmente a la nueva titular. María Tanivet Ramos asumió el cargo sin una sola palabra pública. ¿Así empieza la nueva transparencia? Con una omisión en su primer día.
FIN DE UN ÓRGANO INCÓMODO
El Inai, incómodo, persistente, útil, quedó sentenciado a muerte en 2024 gracias a la mayoría calificada de Morena. Y hace unos días, se colocó el último clavo del ataúd tras finalizar el proceso de entrega-recepción con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, al mando de Raquel Buenrostro.
En su lugar, se crea una nueva oficina llamada Transparencia para el Pueblo. Pero depende, directa o indirectamente, de la Presidencia. Ya no hay autonomía. Ya no hay garantías. Y aunque digan que habrá un “tribunal especializado”, las nuevas reglas son evidentes: la transparencia ahora se gestiona desde Palacio Nacional.
TRANSPARENCIA SIN DIENTES
La nueva titular es María Tanivet Ramos Reyes, excomisionada de transparencia en Oaxaca, exintegrante del equipo de Buenrostro e hija de una exfuncionaria priista del gobierno de José Murat, según una investigación de EMEEQUIS. Sí, ese Murat. Su gestión al frente del órgano local de transparencia coincidió con la administración de Alejandro Murat, hijo del anterior, cuando era gobernador.
Y sobre esto, bien vale cuestionar en voz alta: ¿Sheinbaum le entregó la transparencia al aparato político de los Murat? Porque Tanivet no llegó sola. Llegó desde adentro, sin anuncio, sin revisión, sin ruido. Y eso, en materia de acceso a la información, es un verdadero escándalo.
Desde el gobierno federal se prometió que el nuevo modelo sería más austero, con sólo seis direcciones generales y un ahorro de 500 millones de pesos. ¿Y la autonomía? ¿Y la capacidad de obligar a rendir cuentas?
El Inai podía ordenar la entrega de documentos, exhibir a instituciones que ocultaban información, obligar al poder a responder y, sobre todo, presentar controversias y acciones de inconstitucionalidad. Es decir, ser un verdadero dolor de cabeza para el poder en defensa de nuestro derecho a saber. Ahora, esta nueva oficina necesita permiso. O aprobación. O ambas.
Dijeron que la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) seguirá funcionando. Pero sin órgano independiente, esa plataforma puede llenarse de archivos… sin nadie que los abra.
LO QUE PERDIMOS
Gracias al Inai conocimos la estafa maestra, con más de 7 mil 600 millones de pesos desviados. Los pagos y complicidades del caso Odebrecht. Los detalles de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Las irregularidades en Segalmex, que hoy superan los 20 mil millones de pesos. Estela de Luz, San Fernando, Agronitrogenados…
Sin autonomía, esos casos nunca habrían salido. Porque un gobierno que decide qué se investiga, también puede decidir qué se oculta. Y una oficina que depende del poder no puede vigilar al poder.
Desde hoy, tenemos nuevo buzón de la transparencia. Pero ahora tiene doble candado. Y las llaves las tiene Palacio Nacional.
EL DATO INCÓMODO
En los primeros tres meses de 2025, el gobierno dejó sin ejercer más de 45 mil millones de pesos en salud. No son cifras frías. Es una sala sin médicos, una quimioterapia cancelada, una ambulancia que nunca llega. Mientras Hacienda presume una recaudación histórica, el IMSS dejó de gastar 27 mil millones, el ISSSTE 20 mil y la Secretaría de Salud casi 5 mil.
En papel, es un subejercicio. En la vida real, es abandono.
