La primera elección judicial en la historia de México, concebida bajo la promesa de democratizar la justicia, se ha revelado como una peligrosa farsa institucional. Lo que se anunció como un ejercicio histórico para empoderar al pueblo en la designación de jueces, magistrados y ministros, terminó plagado de irregularidades, simulaciones, coacciones y prácticas antidemocráticas propias de los regímenes más autoritarios.
El voto, que debía ser universal, libre y secreto, fue secuestrado por mecanismos indignos de una república democrática. Se distribuyeron acordeones -instrucciones impresas para votar en bloque por planillas previamente alineadas con partidos– al interior de sindicatos, universidades, corporaciones estatales y hasta en grupos de operadores territoriales. El sufragio devino consigna; la decisión judicial, botín electoral.
Ni la participación ciudadana ni la legitimidad política se lograron. Como se anticipaba, la jornada se caracterizó por una bajísima afluencia a las urnas. Lejos de entusiasmar, el proceso judicial alejó a los ciudadanos, que intuyeron el riesgo de un Poder Judicial manipulado desde los intereses del Ejecutivo y de los partidos, pero también desde los márgenes más oscuros del crimen organizado. La sospecha de candidaturas vinculadas al narcotráfico no fue investigada a fondo. Se normalizó el riesgo. Se oficializó el silencio.
Los cuestionamientos no tardaron en escalar. Organismos nacionales como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y figuras destacadas del derecho advirtieron sobre el debilitamiento de la independencia judicial. Desde el exterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diversos relatores de Naciones Unidas han manifestado su preocupación: someter a jueces y ministros a la lógica partidista es poner en riesgo su imparcialidad, su autonomía y, en última instancia, el Estado de derecho.
El trasfondo es más grave. México está a punto de clausurar la última instancia de equilibrio y contrapeso institucional. Primero fue el Legislativo, subordinado por una mayoría autómata que levanta la mano sin leer. Ahora es el Judicial, que podría convertirse en una prolongación obediente del Ejecutivo. ¿Qué clase de justicia puede impartirse en un país donde los jueces temen al poder y deben hacer campaña para conservar sus cargos?
Se quiso disfrazar de democracia lo que en realidad fue un ensayo de control total. Un ensayo peligroso que desfigura el sentido mismo de la justicia como límite del poder. A cambio de una narrativa de pueblo empoderado, se sacrificó la integridad del sistema judicial. Lo que está en juego no es un tecnicismo jurídico, sino la posibilidad misma de que exista un juez independiente que pueda, algún día, detener al poder cuando éste cruce la línea.
México ha cruzado esa línea. Y lo ha hecho en silencio, entre acordeones, votos guiados y candidaturas amañadas. La toga se ha manchado de propaganda.
@GOrtegaRuiz
